Las autoescuelas, en pie de guerra por la ley que liberaliza el negocio

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) iniciará en septiembre una lucha feroz para evitar que prospere un proyecto de ley que, según sostienen, les robará clientes y perjudicará al negocio. La futura normativa flexibiliza los requisitos para impartir la enseñanza teórica del carné de conducir, de modo que una empresa, sin ser autoescuela ni pedir la autorización que ahora es obligatoria, podrá dar las clases teóricas (no las prácticas).

Se trata de uno de los puntos del proyecto de ley Ómnibus -aprobado por el Gobierno el 12 de junio y actualmente en tramitación parlamentaria- que traspone una directiva europea y modifica 47 leyes españolas con el objetivo de liberalizar servicios e "impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas del sector servicios".

El texto reforma algunos aspectos de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, entre ellos lo referido a la enseñanza teórica en las autoescuelas. Según la norma, cuando los centros "solamente se dediquen a la formación teórica" de futuros conductores, "no tendrán que solicitar la autorización [que sí se exige para dar clases prácticas], bastando una comunicación previa de inicio de actividad" a Interior. Hasta ahora, esa autorización era preceptiva.

El presidente de CNAE, José Miguel Báez, asegura que eso permitirá que cualquiera, sin ser profesor de autoescuela, pueda impartir esa formación "en una peluquería, en el salón de su casa o en cualquier sitio".

Asistencia no obligatoria

Actualmente las clases para superar el examen teórico del carné se cobran en prácticamente todas las autoescuelas como parte del paquete de matrícula; sin embargo, la asistencia no es obligatoria y el alumno puede prepararse por libre, y mucha gente lo hace.

La patronal de las autoescuelas, con 37.000 empleos directos y 9.000 centros en toda España, celosa de un trozo de tarta al que no está dispuesta a renunciar, dispara en todas direcciones: acusa a Tráfico de haber devaluado la formación teórica de los aspirantes al introducir el sistema de test e insinúa que el Ministerio de Economía puede querer degradar la preparación de los futuros conductores para que suspendan y paguen varias veces la tasa correspondiente. "Puede que ésta sea una medida recaudatoria de la Administración. Hay unos 600.000 alumnos que se examinan cada año", subraya Báez.

La Dirección General de Tráfico coincide en que en este punto la reforma "es extraña". "¿Quién va a querer pagar dos matrículas, más aún cuando se puede preparar por libre?", plantean fuentes de Tráfico. Y añaden: "Si se pretendía liberalizar el sector, lo que se conseguirá es dar un paso atrás: más intervencionismo".