La doctrina Parcent, ante los tribunales

La noche del 30 de enero de 2006, negra y gélida, con toda el agua del mundo cayendo desde el cielo, unos doscientos vecinos se congregaron bajo un manto de paraguas en la plaza de Parcent para protestar por la decisión del gobierno local del PP de aprobar tres planes parciales que suponían la construcción de 1.800 casas en la sierra del municipio. Entonces nadie podía sospecharlo, pero en aquella noche desangelada una modesta manifestación espontánea originó el nacimiento de la famosa doctrina Parcent que en los años siguientes iba a recorrer media Europa como paradigma del urbanismo salvaje que Bruselas se proponía atajar. Tuvo resultados prácticos: los tres PAI aún no se han construido.

Los cinco concejales se sentarán en el banquillo el 2 de noviembre

Sin embargo, la doctrina Parcent vive ahora momentos complicados: el actual alcalde, Máximo Revilla, y sus cuatro concejales, todos de Coalició Democràtica -el partido que ganó las últimas elecciones por su oposición a los PAI que defendía el PP- se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 2 de noviembre después de que un juez de Dénia haya admitido a trámite una querella de la promotora Terra de l'Horta, que les acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por haber anulado de forma ilegal los planes una vez que accedieron al poder.

La cuestión que ahora se dirime en este nuevo duelo judicial sobre el urbanismo desaforado no es baladí, toda vez que los PAI aún no están muertos: de hecho, siguen tramitándose en la Consejería de Territorio y todos los intentos que hasta el momento ha hecho el ejecutivo de Revilla para que la Administración autonómica les devuelva el expediente -lo que acarrearía su paralización- han resultado infructuosos.

Los cinco concejales deberán responder ahora a la querella de la promotora, que pide para ellos y para el secretario municipal detención y encarcelamiento o libertad provisional con fianza, a pesar de que en últimos tres años su doctrina recibió un férreo apoyo en diferentes escenarios. En primer lugar, en la calle: a la sencilla manifestación de aquella noche de los paraguas se sumó otra dos meses más tarde que reunió ya a dos mil personas con el lema Salvem els nostres pobles. No a la destrucció del territori.

En segundo lugar, en Europa: en una sesión del Parlamento Europeo de aquel 2006, cinco eurodiputados les concedieron su respaldo y hasta el presidente del comité de peticiones envió una carta al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quejándose de tanta pasión por el hormigón. Parcent fue clave en los apercibimientos que Bruselas realizó a todo el conjunto de la política urbanística española. Y en tercer lugar, desde los tribunales: la doctrina Parcent es sobre todo una doctrina jurídica porque a mediados de 2006, y en dos sentencias sin precedentes, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) ordenó la suspensión cautelar del PAI del Replà al considerar que el mismo se realizaba sin reservas hídricas y suponía un grave atentado medioambiental.

Pero ahora la promotora ha abierto un segundo frente judicial antagónico al del TSJ al considerar que los ediles de Revilla han prevaricado tras anular el acuerdo plenario con el que el PP daba luz verde a los PAI y al exigir a Territorio que también paralizara los planes. En su querella, Terres de l?Horta subraya la vinculación entre Coalició Democràtica y la asociación Veïns de Parcent, que fue la que inició las movilizaciones.

En cambio, la promotora no alude al hecho de que en una sesión del Parlamento Europeo de 2008, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo presentara como interlocutora de las empresas de los PAI a la propia ex alcaldesa popular de Parcent, Maria del Carmen López. Ni a los informes del Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la propia Consejería de Territorio desaconsejando los PAI que acabarían con 121 especies de fauna protegida.

Terres de l'Horta ha sido la promotora más activa a la hora de defender los proyectos urbanísticos. Vinculada al grupo Ballester y al cantante Julio Iglesias, con su querella se juega su última carta para revitalizar los PAI. El gobierno local de Parcent cree que no lo logrará: a través de un comunicado afirma que "hemos actuado conforme a la legalidad vigente y consideramos que la interposición de la querella tiene la gravísima pretensión de encarcelar a quienes practican la democracia".