Contas censura los contratos de la 'administración paralela' del bipartito

Fueron nada menos que 224 millones de euros sólo en 2006 las adjudicaciones que realizaron las sociedades públicas y entes autonómicos bajo el control del bipartito. Obras, gestión de servicios públicos, consultorías y suministros en general se llevaron el grueso de los contratos, sobre los que el Consello de Contas pone ahora en duda su transparencia por la falta de libre concurrencia entre las empresas y el exiguo peso de los concursos para su licitación. En los casos de algunas sociedades dependientes de la Xunta que presidía Emilio Pérez Touriño este tipo de actuaciones, sin que mediara un concurso, alcanzaron el 70% sobre el total de lo contratado.

En el capítulo del informe de fiscalización de 2006 dedicado al sector público autonómico hay un apartado que el Consello de Contas reserva para las modalidades de contratación del que se derivan dos conclusiones que se entrelazan: el procedimiento negociado "es una vía de contratación excepcional que no impide la concurrencia de empresas, hasta un mínimo de tres ofertantes", dice, lo que no evitó que al menos una docena de sociedades y entes públicos canalizaran la mitad de sus adjudicaciones a través de este modelo. Contas destaca, entre otras, que en empresas como la Sociedade de Xestión do Xacobeo el peso de la contratación directa, cuando se podía haber realizado un concurso, ascendió a casi el 47% del volumen total adjudicado. Otro tanto sucedió con Galicia Calidade (49,2%) y Turgalicia (61,9%), ambas sociedades anónimas dependientes también de la extinta Consellería de Innovación e Industria, dirigida entonces por el nacionalista Fernando Blanco.

Las sociedades públicas contrataron un 41,6% menos en 2006 que con Fraga

En el caso de Retegal, sociedad pública encargada de la gestión de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y uno de los pilares sobre los que se asienta la implantación de la TDT, siete de cada diez euros que adjudicó se realizaron sin que mediara un concurso. A suministros se fueron prácticamente el 60% de las adjudicaciones de la empresa dependiente de la Secretaría Xeral de Comunicación. De acuerdo con el informe de Contas, entes como el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) y sociedades como Xesgalicia, ésta última dependiente del socialista José Ramón Fernández Antonio cuando estaba al frente de Economía, realizaron todas sus contrataciones de forma negociada, sin concurrencia. Otro tanto sucedió con entes públicos como el Consello Económico e Social e Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), bajo la órbita de Pesca.

A pesar de que algunos de los casos más extremos de este tipo de actuaciones que cita el organismo fiscalizador se registran en sociedades y entes con escaso volumen de contratación sobre el total, Contas señala que de esos 224 millones de euros contratados por el sector público gallego, al margen de las licitaciones de las propias consellerías, "los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado alcanzan el 23,8% del total,correspondiendo un 20,8% a aquellos en los que no se promueve ningún tipo de concurrencia". Es decir, la administración paralela de la Xunta concedió en 2006 casi 45 millones de euros en contratos sin que mediara un concurso público. Con todo, la contratación del sector público gallego descendió un 41,6% sobre el ejercicio de 2005, último año de Fraga en San Caetano, cuando el grueso de las adjudicaciones había ascendido a 384,1 millones de euros.

Este tipo de tramitación también ha sido criticada desde otras esferas. La patronal gallega de la construcción alertó este año del "significativo aumento" de las contratas directas en Galicia debido a la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que le llevó a denunciar que hasta seis de cada diez proyectos que adjudican las Administraciones públicas en Galicia se realiza sin libre concurrencia.

Entre las recomendaciones de su informe, Contas insta a la Xunta a "dotar a las sociedades públicas de instrucciones de contratación que incorporen garantías en la actuación de sus procedimientos", al tiempo que pide la adecuación de los diferentes modelos (contratación negociada, subasta y puja) "a las características de cada entidad" para "afianzar el cumplimiento de los principios de contratación pública".