El dictamen exige "mayor control" sobre los contratos blindados en las sociedades públicas

El elevado número de contratos de alta dirección de los responsables del sector público tampoco deja indiferente al Consello de Contas, que en sus recomendaciones insta a un "mayor control sobre las autorizaciones" de este tipo de relaciones laborales. Se trata de un total de 86 blindajes entre ejecutivos de entes públicos y sociedades mercantiles. Para su análisis, el organismo fiscalizador indagó si existían informes conjuntos preceptivos de las direcciones generales de Función Pública y de Orzamentos con respecto a la formalización de este tipo de contratos, "dadas sus peculiaridades de autorización y retributivas".

Contas desvela que sólo en las sociedades mercantiles dependientes de la Xunta existen 22 contratos de este tipo repartidos en unas 14 empresas. Únicamente cuatro firmas (Sodiga, la sociedad anónima que gestiona el Centro Europeo de Empresas de Innovación de Galicia, Xestur Lugo y Xenética Fontao) no existen relaciones contractuales blindadas con sus directivos. El mayor número de contratos de alta dirección se lo llevaron en 2006 la Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense (Aceucosa) y la Sociedade Pública de Investimentos, con tres ejecutivos en esta situación. "Existe un claro incumplimiento de la normativa vigente en Retegal, la cual manifiesta que no posee el informe conjunto de las direcciones generales de Función Pública y Orzamentos", denuncia Contas.

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Más llamativa es la situación de los entes públicos, con 64 contratos de alta dirección. Sólo en el Instituto Enerxético de Galicia y en la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (EPOSH) no se registran este tipo de vinculaciones laborales con sus directivos.

Según Contas, "un volumen muy elevado de esta modalidad se da en el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con diez contratos de alta dirección, mientas que en el complejo de CRTVG es donde su número es mayor, con un total de 47 contratos, con la clara vulneración de la normativa vigente al no disponer del informe conjunto", advierte.

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