Fianza de 1,2 millones para los arquitectos del Palma Arena

El juez impuso ayer a los hermanos arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, ambos imputados por supuesta malversación de caudales públicos por el escándalo del velódromo Palma Arena, una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros, cantidad destinada a cubrir los daños y perjuicios que pudiera haber causado el supuesto delito cometido. Además, también ha imputado por supuesta malversación a Jane King, la que fuera secretaria general de la vicepresidencia del Gobierno autónomo de Jaume Matas. La investigación del presunto desfalco millonario que se cometió durante la construcción del velódromo, uno de los grandes proyectos de la era Matas, implica ya a seis personas con responsabilidades durante la última legislatura del PP en el Gobierno balear, entre 2003 y 2007.

A los arquitectos se les otorgó un contrato de 8,9 millones de euros para finalizar la obra sin que mediase concurso público, "por altas insinuaciones". Ayer se les interrogó por el origen sospechoso de esta adjudicación, cuyo importe supera tres veces lo estipulado por el Colegio de Arquitectos, y por la supuesta "libertad total" de que gozaron para culminar el velódromo con urgencia y "sin reparar en gastos".

Los García-Ruiz sostuvieron que los costes se multiplicaron por la mala planificación inicial del edificio, de la que es responsable el ingeniero alemán Ralph Schürmann, y señalaron que el proyecto original carecía de partidas económicas necesarias para levantar determinadas partes de la infraestructura. También tuvieron que responder sobre la edificación de la nueva sede del PP en Palma, sita en la céntrica calle Palau Reial, que proyectaron y construyeron a la vez que el Palma Arena. Tras declarar durante más de seis y tres horas, respectivamente, Luis y Jaime García-Ruiz fueron puestos en libertad, pero con la obligación de abonar la fianza de responsabilidad civil. Según sus letrados, ambos se mostraron "colaboradores" y respondieron a todas las preguntas del magistrado.

De testigo a imputada

El juez llamó a declarar como testigo y, después de tres horas de interrogatorio, la dejó en libertad como imputada por un delito de malversación de caudales públicos a Jane King. En las fechas en que se cometieron presuntamente las irregularidades, King era la subordinada inmediata de la actual presidenta del PP balear, y entonces vicepresidenta de Matas, Rosa Estaràs.

Los fiscales hallaron indicios de que King habría tomado decisiones irregulares en la adjudicación de contratos de obras del Palma Arena. El proceso utilizado habría sido el de fraccionar dichos contratos en cantidades inferiores a los 12.000 euros, eludiendo así la obligatoriedad de sacarlos a concurso público.

En su declaración, el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, afirmó que acataba órdenes directas de King. Por su parte, la imputada negó haber recibido instrucciones de sus superiores, Estaràs y Matas, y explicó que su tarea en la canalización de fondos hacia la construcción del velódromo se limitó a "la toma de decisiones de tipo técnico y administrativo". Con la imputación de King ya son seis los cargos del PP salpicados por la presunta trama, que disparó los costes del Palma Arena hasta los 110 millones de euros, muy por encima de los 41 presupuestados inicialmente.