La Xunta aprueba los despidos en Caramelo con la oposición del comité

La textil Caramelo está desde ayer más cerca de despedir al 53% de su plantilla. La Consellería de Traballo, que dirige Beatriz Mato, aprobó el Expediente de Regulación de Empleo remitido por la empresa para extinguir 237 puestos de trabajo. El visto bueno se apoya en el referéndum celebrado el pasado 3 de agosto, en el que 222 trabajadores aceptaron las condiciones formuladas por la dirección, que suponen indemnizaciones de 39 días por año cotizado con un máximo de 34 mensualidades y un límite de 60.000 euros. El comité de empresa, formado mayoritariamente por representantes de CIG, ha denunciado que la resolución "supone una gravísima ilegalidad", porque en su opinión se basa en un acuerdo "que no fue aceptado por el comité". CIG, que estudiará "acciones legales contra la decisión", defiende que la única votación válida tuvo lugar el 23 de julio. Ese día, 114 trabajadores tumbaron la propuesta a mano alzada frente a 91 votos favorables.

"La decisión confirma el acuerdo político entre la Xunta y Jove"

"Esto confirma tanto el acuerdo político ente la Xunta y Manuel Jove [accionista mayoritario de la compañía] como la manipulación de la empresa", aseguró Isabel Muíños, presidenta del comité. La Xunta, en cambio, recordó que la mayoría del cuadro de personal (exactamente la mitad más dos) respaldó las condiciones de los despidos en un referéndum que, aunque no contó con el apoyo del comité, "es válido según el Estatuto de los Trabajadores".

CC OO, que sí coincide con el acuerdo, cree que el ERE es la menos mala de las salidas ante la posibilidad "real" de que la firma termine en concurso de acreedores. Manuel Lores, secretario de la Federación del Textil, explicó que la resolución recoge "la voluntad mayoritaria" de la plantilla pero no entra a valorar la legalidad del acuerdo que la motiva. "Llegado el caso tendrán que dirimirlo los jueces". Con o sin acuerdo, legalmente la Xunta puede aprobar, si lo ve motivado, el ERE, aunque en este caso contaba con un informe desfavorable de la Inspección de Trabajo emitido el 12 de junio. En él los técnicos señalaban que no hay causas organizativas que justifiquen el despido colectivo, al no existir ningún factor que "incida de manera desfavorable en la eficiencia de la empresa".

Pero los cinco meses de protestas y la amenaza de que Caramelo se declare en suspensión de pagos, lo que implicaría en el peor de los casos despidos a cambio de 20 días de indemnización, han abierto grietas insalvables entre la plantilla, que está "muy tocada psicológicamente".

En los próximos días se abrirá un periodo para que los trabajadores que quieran la baja lo pidan de forma voluntaria. Si no se llega a la cifra de 237 despidos, la empresa decidirá quién terminará su contrato. Uno de los compromisos que incluye el ERE es el reinicio de la actividad de la fábrica. Además, los 25 expedientados, 19 de ellos despedidos por su actuación durante las protestas, serán readmitidos.

Para la presidenta del comité, los topes en las indemnizaciones perjudicarán gravemente a los empleados con mayor antigüedad (más de 25 años), situación en la que se podrían encontrar entre 40 y 50 personas. "Están pisoteando nuestros derechos", señaló.