La escalada de suspensiones de pagos remite por primera vez desde 2007

Los que llevan meses escudriñando las estadísticas a la caza de los famosos brotes verdes ya tienen un nuevo motivo para el debate. Porque los datos de procedimientos concursales dan una de cal y otra de arena. Es cierto que el segundo trimestre del año marca un nuevo récord -y van siete consecutivos- en el número de empresas y familias que se declaran incapaces de afrontar sus deudas. Pero la -al menos relativa- buena noticia es que por primera vez desde el estallido de la crisis el crecimiento es ahora menor que el del anterior trimestre, algo que no ocurría desde el tercer trimestre de 2007.

Es cierto que los 1.727 procedimientos concursales declarados entre abril y junio suponen un nada desdeñable incremento del 174% respecto al mismo trimestre del año anterior. Pero es que las cifras oficiales habían encadenado tres trimestres con subidas por encima del 260%. Por ello, los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) han supuesto una sorpresa relativa por no ser tan malos como se había convertido en habitual. Estos datos son los primeros que reflejan la reforma de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 1 de abril.

Cataluña, Madrid y Valencia encabezan el listado de impagados

Las pequeñas empresas son las que más se acogen a los concursos

Esta moderación en las tasas de crecimiento de lo que antes se conocía como suspensión de pagos es lo que hace pensar a Raimon Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), que los incrementos desorbitados de meses anteriores ya han quedado atrás. Aunque Casanellas menciona un factor capaz de enturbiar los datos del próximo trimestre. "Muchas empresas pueden elegir el periodo anterior a las vacaciones para presentar el concurso", afirma.

Pero hay un colectivo donde las cifras presentadas ayer no ofrecen ninguna duda, ya que son malas se miren por donde se miren: el de las familias ahogadas por las deudas. Porque las 315 personas físicas sin actividad empresarial -que es como las llama el INE- que se declararon insolventes en el trimestre no sólo suponen la mayor cifra registrada nunca, sino que más que triplican la del mismo periodo de 2008. Aun así, llama la atención que en una recesión como la que está sufriendo la economía española sólo tres centenares de familias hayan suspendido sus pagos entre abril y junio. Este número tan bajo se explica porque la legislación actual no está pensada para los concursos de ciudadanos sin actividad empresarial. Por eso, numerosos expertos reclaman desde hace tiempo una norma específica para el sobreendeudamiento familiar. "En otros países como Alemania, Francia e Italia muchísimas más personas se acogen a este mecanismo. Pero aquí la ley no prevé la paralización del pago de la hipoteca", explica el presidente del Refor.

La inmobiliaria es todavía la actividad con más insolvencias, con un 32% del total. Pero el ladrillo, el sector que más tiempo lleva sufriendo las dentelladas de la crisis, ya muestra síntomas de ceder el testigo a la industria. De las compañías que presentaron concurso en el mismo periodo, el 25% procedía de la industria o de la energía. Al sector comercial le corresponde un 17% del total.

Pero si hay un claro damnificado por las insolvencias, ésas son las pequeñas empresas. La prueba es que el 75% de las suspensiones las protagonizaron sociedades de responsabilidad limitada; y el 65% de las afectadas facturaba menos de dos millones de euros. Por este motivo salió ayer el presidente de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, para denunciar el "drama que viven los autónomos y las pequeñas empresas". Amor señala que las restricciones financieras y la fuerte morosidad, tanto pública como privada, "hacen que el día a día de los tres millones de autónomos españoles sea, para muchos, realmente complicado".

Más de la mitad de los deudores concursados se concentraron en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Mientras, La Rioja, Extremadura y Navarra registraron la cifra más baja. Pero estos datos pueden llevar a error, porque el INE informa sólo del número de concursos, y no del volumen de la deuda de cada uno. Así, una comunidad como Cataluña, con un gran número de pequeñas y medianas empresas, ocupa el primer puesto en suspensiones de pagos. Pero es probable que Madrid, con un perfil de empresas más grandes, la desbancara si lo que se midiera fueran las deudas que se han vuelto inasumibles.