Un ente del bipartito
El actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó lista en su anterior etapa en el Gobierno la ley que establecía la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Fue, sin embargo, su sucesora en el cargo, la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, quien potenció un ente que trata de perseguir los desmanes constructivos que han aflorado durante los últimos años, singularmente en las zonas de costa. Un total de 35 ayuntamientos colaboran de manera voluntaria con la agencia que tiene atribuciones para inspeccionar el urbanismo en todos los municipios -se hayan adherido o no al ente- para reponer la legalidad en caso de infracción e incluso la de imponer sanciones que llegan hasta los 300.000 euros por el cauce administrativo.
Es práctica habitual que el organismo que depende ahora de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio rebaje las multas a cambio de que los propietarios de las obras ilegales accedan a que la piqueta devuelva a la naturaleza su estado original.
