La Fiscalía pedirá al juez embargos a promotores para pagar los derribos

Las investigaciones de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística desembocarán en los juzgados. La Fiscalía especializada en delitos urbanísticos y contra el medio ambiente ha solicitado a este organismo dependiente de la Xunta que le remita todos sus expedientes relacionados con las construcciones ilegales detectadas durante los últimos tres años para perseguir a sus promotores con el Código Penal en la mano. Es un salto cualitativo evidente para superar la vía administrativa, puesto que el organismo dependiente de la Xunta -como cualquier otra institución o persona- tiene la obligación legal de comunicar cualquier sospecha delictiva de la que tenga conocimiento.

La agencia y la fiscalía ya han mantenido contactos para firmar un protocolo de colaboración que permita al ministerio público servirse de las amplias investigaciones urbanísticas que los técnicos adscritos a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras han instruido durante los últimos meses.

Se trata de un completo material que se sirve de fotografías aéreas, estudios de planes urbanísticos e informes jurídicos que los fiscales especializados de las cuatro provincias empezarán a analizar a la vuelta del verano. La investigación conjunta dará prioridad a las construcciones en zonas costeras, de dominio público hidráulico (orillas y cauces de los ríos) o en espacios protegidos como Red Natura y Lugares de Importancia Comunitaria.

Que las pesquisas se centren en las edificaciones de menos de tres años no es un requisito caprichoso. Ese plazo temporal viene marcado por la prescripción del delito de construcción ilegal que la Fiscalía pretende perseguir. El artículo 319 del Código Penal castiga este tipo delictivo con penas de seis meses a tres años de cárcel y multas de doce a 24 meses e inhabilitación especial para "promotores, o técnicos directores que lleven a cabo construcciones no autorizadas en suelos destinados a viales, zonas verdes, de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, o cultural".

Idéntico castigo recibirán quienes promuevan o faciliten edificaciones en suelos no urbanizables. Como el delito prescribe 36 meses después de que concluya la construcción ilegal, se ha delimitado el plazo máximo de tres años para los proyectos rematados. Sólo en obras en ejecución, la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística ya ha detectado más de medio centenar de infracciones presuntamente delictivas y la lista seguirá engordando a medida que avancen los trabajos de sus técnicos e inspectores.

Esta nueva fórmula de colaboración que explora la fiscalía buscará además la sanción para los responsables políticos de tanto desmán inmobiliario. Así que, cuando en otoño empiecen a recibir esos expedientes -algunos de ellos están muy avanzados- irán en cascada a los tribunales en forma de denuncias contra quienes hayan concedido las licencias.

Con todo, el objetivo último es devolver a esos espacios naturales el aspecto que tenían antes de que irrumpiesen las excavadoras. Y de paso que las fotografías de las demoliciones que se pretenden llevar a cabo en los próximos años disuadan a quienes planeen edificar en zonas no permitidas.

Para lograrlo, el ministerio público ha solicitado también a la agencia de la Xunta que cada expediente se acompañe de una propuesta de derribo con el correspondiente presupuesto. Así, a cada denuncia en el juzgado le sucederá una petición de embargo por el importe que garantice la reposición de la legalidad y evitar de ese modo que los denunciados se declaren insolventes, una triquiñuela legal empleada hasta ahora por los promotores y que ha contribuido a mantener en pie decenas de aberraciones constructivas en la costa.