La prohibición no frena el consumo y venta de coquinas

Ni la prohibición de mariscar en la costa. Ni las campañas publicitarias contra la captura de bivalvos. Ni el riesgo de padecer gastroenteritis severas por una toxina, la diarreica, que se ha detectado en los moluscos de la zona. Los medios desplegados por la Junta no consiguen acabar con el comercio y la ingestión de moluscos de Huelva. Las playas onubenses están estos días hasta arriba de veraneantes que ni siquiera miran la carta a la hora de pedir: "Unas coquinitas, por favor".

La Delegación de Agricultura y Pesca se vio obligada a cerrar todo el litoral por la presencia de una toxina, la DSP o diarreica, en los moluscos con concha (almejas, chirlas, navajas y coquinas). De esto hace ya tres semanas. Pero precisamente estos bivalvos son los manjares con los que sueñan los turistas que llegan a las playas. Y son la ganancia extra de los vendedores ambulantes.

La delegada de Pesca habla de "un problema grave de salud pública"

La Junta ha abierto desde el pasado junio más de 50 expedientes sancionadores a mariscadores ilegales. Éstos capturan los bivalvos y los pasan a chiringuitos de la playa, abarrotados en estas fechas, o los venden en la calle. El kilo cuesta entre ocho y 14 euros. "Con su actividad dañan a los trabajadores honrados que mantienen a sus familias con el desarrollo de este oficio", criticó Esperanza Cortés, delegada de Agricultura y Pesca en Huelva, el pasado viernes. En la presentación de la campaña SOS Coquina, en la que se han invertido 70.000 euros, la responsable provincial solicitó a los consumidores que pidan el certificado de garantía antes de consumir coquinas. Su ingestión se está convirtiendo, en palabras de Cortés, en "un problema grave de salud pública".

La alarma saltó con la aparición de las partículas contaminantes en la zona de Matalascañas, la playa más cercana a Sevilla. Continuó con el cierre de Punta Umbría, localidad costera situada a cinco minutos de Huelva, y terminó con la prohibición en Isla Canela (Ayamonte), en la frontera con Portugal. Ahora no se pueden capturar estos sabrosos moluscos en ninguna parte. La inspección de pesca se muestra rigurosa y la semana pasada varios mariscadores de Isla Cristina tuvieron que echar al mar hasta 10 toneladas de chirlas que habían faenado la noche anterior. "El sector mariscador está colaborando", valora Cortés, "pero sigue habiendo quien aprovecha la circunstancia para vender el producto contaminado".

La Policía Local no lleva un registro del comercio callejero de estas delicias marinas. Aunque la venta ambulante es delito, no siempre se identifica a los infractores. "Les llamo la atención y ya está", reconoce un agente de Punta Umbría. La jefa de la Policía Local de Matalascañas, perteneciente al término municipal de Almonte, Paqui Borrero, asegura que "los propios vendedores ya saben que hay toxinas y pueden perjudicar a la gente, así que ya no están".

En el cocedero de mariscos Piscis, en la Antilla, no vendían coquinas el viernes pasado. "Están contaminadas. Hemos ido a la lonja y no las tenían". A apenas 100 metros del establecimiento, un hombre con gorra roja se muestra ajeno a las prohibiciones y ofrece coquinas y chirlas. Lo mismo ocurre en Punta Umbría, donde una vendedora ambulante cuenta que su yerno se puso "enfermísimo" por la ingestión de este molusco. "Nos lo encontramos tirado en el baño. Tuvimos que ir a Urgencias y todo", relata la comerciante en compañía de su marido, que es marinero y "a veces, coge coquinas del mar".

Domingo Núñez, edil de Turismo en el Ayuntamiento de Matalascañas, asegura que en los restaurantes no se están vendiendo los bivalvos afectados. Y es cierto en la mayoría de los casos. Pero algunas cervecerías, según la dueña de un negocio de la zona, "están haciendo el agosto con las chirlas y todo lo prohibido". La Administración insiste y recuerda las sanciones por este incumplimiento: de 301 euros a 60.000.