Cumbre de Río: frío aniversario

A la propuesta de EE UU de extender el modelo del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a toda América Latina (salvo Cuba) mediante el ALCA, respondió la UE proponiendo los acuerdos de asociación con los diversos bloques subregionales (Mercosur, CAN y América Central). Diez años después de la Cumbre de Río de Janeiro (28 y 29 de junio de 1999) que puso en marcha esta propuesta, no se han dado muchos pasos hacia ese objetivo.

Al contrario, las relaciones euro-latinoamericanas se han deteriorado políticamente. La Cumbre de Río se celebró en un momento en que los procesos privatizadores se extendían por Latinoamérica bajo indicación del FMI, lo que favoreció un creciente aumento de la inversión europea.

Preocupación y esperanza ante la VI Cumbre UE-ALC que se celebrará en España en la primavera de 2010

La UE quería asentar los sistemas democráticos en esos países y exportar el modelo de integración europea para los bloques subregionales (Mercosur, CAN, SICA), con el propósito añadido de obtener condiciones de estabilidad para el desenvolvimiento de las empresas inversoras europeas.

La asociación birregional, más allá de la retórica, se materializaba en un programa europeo de ayuda técnica (complementario de las ayudas directas de los países miembros de la UE); la colaboración en materia de inmigración, seguridad; la apertura de los mercados europeos a través del Sistema de Preferencias Generalizadas (actualmente, SPG+) o de negociaciones para una zona de libre comercio.

La democracia ha avanzado mucho en la región por la convicción de sus pueblos en que era la vía más adecuada. A diferencia de otras décadas, la participación en las elecciones en la mayoría de los países es muy alta, y eso ha dado mayor legitimidad a sus Gobiernos. La crisis política en Honduras por el ilegal intento de deponer al presidente Zelaya es una excepción en la estabilidad política continental.

Con lo que tal vez no se contaba en Europa o EE UU es con el auge de Gobiernos "populistas" que cuestionan las relaciones con el mundo más desarrollado y que quieren revisar las condiciones de la presencia de las multinacionales. La mayoría de esos Gobiernos son reacios a firmar acuerdos comerciales con contrapartidas en forma de mayor penetración europea, sobre todo en temas sensibles, como energía o sanidad.

En el lado latinoamericano, y pese a la aparente afinidad entre la mayoría de los presidentes, no se avanza en la configuración de un proceso de integración que supere o armonice los actuales espacios subregionales, algunos de los cuales, como la CAN, están en proceso de descomposición. Hay diferencias y no sólo ideológicas, sino también por contenciosos históricos. Fortalecer el, aún en rodaje, proyecto de UNASUR parece lo más lógico, pero aún no se sabe lo que dará de sí.

Respecto a las negociaciones para los Acuerdos de Asociación, hay que decir que la UE no puede presumir del desarrollo de las conversaciones. Paradas desde hace cinco años con Mercosur (que en Bruselas decían que era el socio prioritario), están difíciles en relación a América Central y abocadas al fracaso en el caso andino.

Estas negociaciones adolecen de un déficit en origen. Los llamados Acuerdos de Asociación (AdA) sólo se proponían abarcar tres capítulos: diálogo político, cooperación y comercio. Dado que los dos primeros ya estaban en acuerdos anteriores, lo novedoso, y lo sustancial, era el propósito de establecer una zona de libre comercio. Por ello, los AdA fueron enseguida definidos por sus críticos como tratados de libre comercio (TLC) similares a los que estaba firmando EE UU en la región. Aunque no sea correcta la comparación, lo cierto es que la falta de ambiciones en el formato propuesto por la UE ha facilitado esa descalificación por diversos sectores.

Los sindicatos propusimos que los AdA tuvieran un cuarto pilar, un capítulo socio-laboral, idea que fue rechazada tanto por la Comisión Europea como por los Gobiernos latinoamericanos, alegando que esos temas, y los medioambientales, pueden tratarse en los otros capítulos. Sin embargo, el hecho de que no se tomen los temas sociales como un pilar básico indica que tampoco hay voluntad política, hasta ahora, de crear en los AdA mecanismos para implementar los Convenios Fundamentales de la OIT y combatir la impunidad de las violaciones de la libertad sindical, tan extendida en Colombia, Guatemala y otros países.

También se echaba de menos el tratamiento de las asimetrías, que podía haber sido otro de los pilares de los AdA. Hoy vemos que eso fue un error. El Gobierno de Nicaragua ha planteado en la mesa de negociaciones la necesidad de un fondo de compensación (fuera de la ayuda técnica). Recientemente, la Fundación Alternativas presentó un documento sobre las posibilidades de implementación de fondos de cohesión en América Latina, sobre la base de la experiencia europea. Intervinieron Nicolás Sartorius; Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Mercosur; Marco Aurelio García, asesor de Lula; Eneko Landaburu, director general de la Comisión Europea, y Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación. Todos señalaron que más allá de las limitaciones para llevar adelante ese proyecto en la coyuntura actual se trata de un objetivo estratégico. Respondiendo a esa iniciativa, los sindicatos europeos y latinoamericanos están elaborando una propuesta propia sobre cohesión.

Con una formulación más ambiciosa, los Acuerdos de Asociación habrían sido entendidos como un modelo alternativo al del ALCA norteamericano, y favorecedor del comercio entre ambas regiones, del desarrollo y del fortalecimiento de la sociedad civil y de los procesos de integración.

La negociación con América Central (suspendida transitoriamente por la crisis de Honduras) tiene probabilidades de llegar a puerto. Se trataría de un acuerdo minimalista, pero que fortalecería al Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Comercialmente, América Central sólo representa el 0,6% del comercio exterior de la UE, pero es importante que la postura de la UE en este tema no empañe la imagen positiva que tenía en la región, por su papel activo en el llamado proceso de San José (donde se puso fin a las guerrillas), pues será acusada de pedir contraprestaciones lesivas a cambio de mejorar la oferta comercial del actual SPG+. No es descartable un desmarque de Nicaragua que podría arrastrar a algún otro país, y en ese caso, teniendo en cuenta la autoexclusión inicial de Panamá, no se podría presentar como un acuerdo con todo el istmo.

Peor van las cosas en las negociaciones con la Comunidad Andina, moribunda tras la salida de Venezuela (y aun antes). Aquí, el inicial AdA entre la UE y la CAN, se cambió por una negociación con tres países: Ecuador, Perú y Colombia, que parece va a concluir sólo con los dos últimos: Perú, en situación delicada tras los enfrentamientos sangrientos en la Amazonia, y Colombia, con presidente exitoso en las urnas, pero muy contestado por la persistencia de la violencia y de la impunidad, grave en especial en los atentados contra sindicalistas.

En ese contexto hay que mirar con preocupación, pero también con esperanza, la VI Cumbre UE-ALC que se celebrará en España en primavera de 2010, durante el mandato de presidencia española de la UE.

Sería necesario que el Gobierno español, como anfitrión, y la Comisión Europea trabajen ya por el éxito de la cita. Para evitar el desprestigio de estas reuniones de alto nivel donde se aprueban solemnemente declaraciones de las que nadie se acuerda en la siguiente cita, sería conveniente que antes de ponerse a redactar nuevos puntos se examinaran los muchos, y positivos, objetivos que se aprobaron en Lima, y que no se han aplicado y señalar medidas y plazos claros para la puesta en marcha.

Por ejemplo, el tema de derechos de los inmigrantes fue recogido de forma muy clara en Lima, pero meses después se aprobó la directiva de retorno de la UE que conculca, en varios aspectos, esos derechos. La próxima cumbre debiera debatir esa contradicción y tomar medidas correctoras.

También la Declaración de Lima recogió, por vez primera, una apuesta por la promoción del trabajo decente, el aumento del empleo, fortalecimiento de los sistemas de protección social, participación de los actores sociales, desarrollo de políticas laborales y de la negociación colectiva, etc. Pero es necesario que en la cumbre española se concreten medidas y mecanismos para la evaluación de estos objetivos.

En cuanto a la negociación de los AdA, los objetivos mínimos serían volver al formato negociador UE-CAN, evitando el desplome institucional del Pacto Andino; la firma de un AdA con todos los países de América Central, basado en el comercio justo y que contemple la dimensión social; la reapertura de negociación UE -Mercosur; el tratamiento de asimetrías (citando en la declaración final la iniciativa de impulsar un fondo de cohesión para ALC); la inclusión de la dimensión laboral basada en los principios del Trabajo Decente de la OIT.

Maria-Helena André es secretaria general adjunta, y Juan Moreno, consejero, de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)