Marbella se dota de norma urbanística
El pleno aprueba un PGOU después de 23 años que, a falta del visto bueno de la Junta, legaliza 16.500 casas y devuelve seguridad jurídica
Poco a poco, Marbella da carpetazo a su oscuro pasado de ilegalidad y corrupción. Ayer dio un paso trascendental, con la aprobación en pleno del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituirá al actual, de 1986, obsoleto y sistemáticamente vulnerado por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) durante 15 años, que han dejado una herencia de 18.000 viviendas ilegales.
La aprobación provisional es el último trámite municipal y bien puede decirse que Marbella ya tiene su ansiado PGOU, pues la aprobación definitiva, que corresponde a la Junta, está garantizada toda vez que la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), ha renunciado a amnistiar todas las viviendas ilegales. El documento aprobado es intacto el elaborado por el equipo redactor dirigido por Manuel González Fustegueras y que cuenta con el aval de la Junta.
Muñoz promete soluciones a los dueños de las casas ilegalizablesMarbella se dota de norma urbanística
Es la segunda aprobación provisional que el consistorio da al PGOU, ya que la alcaldesa prefirió someter de nuevo el documento a información pública después de la que se realizó en octubre pasado, aunque no era preceptivo. Se han presentado 8.524 alegaciones, sólo ocho menos que la aprobación inicial, de las que según la alcaldesa se han admitido 6.250, y es que la solución a tanta ilegalidad genera mucho conflicto de intereses. "El criterio ha sido siempre recoger todas las alegaciones que no fueran contra el interés general", resaltó Muñoz.
La inmensa mayoría de las viviendas ilegales, 16.500, quedarán normalizadas a cambio del pago de unas compensaciones en suelo para recuperar espacios dotacionales perdidos. La alcaldesa, insistió ayer en que los propietarios de las casas quedarán eximidos de esta obligación, y sólo se exigirán cuentas a los promotores, lo que resaltó como uno de los logros principales.
Las otras 1.500 casas incompatibles con el modelo quedan fuera de ordenación y abocadas a la demolición porque sus licencias han sido anuladas por sentencias judiciales. De ellas, 500 están habitadas, y ése ha sido uno de los puntos de principal controversia del nuevo plan.
Muñoz reconoció ayer las discrepancias cuando agradeció el trabajo del equipo redactor. "Efectivamente han existido criterios diferentes sobre algunos aspectos, pero no quiero olvidar la enorme dificultad que era hacer el plan de Marbella. Es cierto que no se ha recogido la totalidad de las pretensiones, pero planteamos el plan en su conjunto y hemos sopesado y calibrado el interés general de la ciudad".
También la portavoz del PSOE, Susana Radío, antepuso cuestiones de necesidad de una norma para votar a favor del PGOU "por la responsabilidad de no poder esperar más". Destacó que en su conjunto el plan tendrá "innumerables beneficios para la ciudad", y que "no podemos oponernos a la regularización", pero advirtió que el apoyo socialista "no es un cheque en blanco, sino un punto de parida con muchas condiciones".
"Estaremos vigilantes para que se cumplan todas las determinaciones", anunció tras confesar que su partido discrepa de la atribución final de las compensaciones, reducidas respecto al documento inicial, y de ciertas propuestas. Además criticó que no ha habido un proceso de participación ciudadana en la elaboración del plan.
Pese a su trascendencia, el plan no logró el consenso que si tuvo en la aprobación inicial hace dos años. El edil de IU, Enrique Monterroso, votó en contra porque además de criticar también la escasa participación, aseguró que el plan "nace viciado" porque al final "se limita básicamente a legalizar lo ilegal". Consideró además que las compensaciones son "escasas, arbitrarias e injustas".
También votó en contra el concejal socialista Juan Luis Mena, que lo justificó estrictamente en que el núcleo de San Pedro "queda condenado" porque no obtiene las infraestructuras que necesita. La dirección del PSOE sancionará al edil por romper la disciplina de voto.
Casi más significativa fue la ausencia de otro concejal socialista, Javier de Luis. Procedente de Ecologistas en Acción y activo denunciante de los desmanes de años atrás, se incorporó en 2006 a la oficina de la Junta que gestionó el urbanismo durante el año que el consistorio tuvo retiradas las competencias. De Luis no ha ocultado sus discrepancias con el plan, aunque el PSOE justificó su falta por motivos familiares.
Un plan de largo recorrido
Junio de 1986. La Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga aprueba definitivamente el PGOU de Marbella.
Mayo de 1991. Jesús Gil gana la alcaldía y anuncia la revisión.
Noviembre de 1997. El pleno lo aprueba provisionalmente. El ayuntamiento concede ya licencias de obras de acuerdo al nuevo PGOU pese a no estar aprobado definitivamente y a que contraviene el vigente.
Julio de 1998. La Comisión Provincial rechaza el plan, que recalifica 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, y lo deja todo en suspenso hasta que el Ayuntamiento lo cambie.
Mayo de 2000. El Ayuntamiento aprueba un expediente de cumplimiento que no es el texto requerido por la Junta.
Octubre de 20o0. La Comisión Provincial lo rechaza.
Mayo de 2002. Julián Muñoz sustituye en la alcaldía a Gil, inhabilitado por el caso camisetas.
28 de julio de 2003. Muñoz anuncia un nuevo PGOU con los criterios de la Junta.
1 de agosto de 2003. Ocho concejales del GIL, tres del PSOE y tres del PA presentan una moción de censura contra Muñoz apadrinada por Roca.
Enero de 2004. Junta y Ayuntamiento firman un convenio de colaboración para la redacción del plan.
Junio de 2004. La redacción se adjudica al Manuel González Fustegueras.
Mayo de 2005. El avance estima que se construyeron 25.000 viviendas ilegales.
Noviembre de 2005. El Ayuntamiento considera inasumible la normalización propuesta por Fustegueras y dice que costará 6.000 millones.
Diciembre de 2005. La Junta inicia el expediente de retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, tras impugnar 209 licencias ilegales y comunica a la fiscalía que dejó caducar 201 expedientes.
Marzo de 2006. Trece días antes de que estalle la operación Malaya, la Junta firma la orden de retirada de competencias.
Junio de 2007. El Consejo de Gobierno devuelve las competencias al Ayuntamiento de Marbella y le entrega el PGOU ya terminado.
Julio de 2007. El pleno aprueba inicialmente el plan por unanimidad.
Octubre de 2008. El pleno lo aprueba provisionalmente.
Julio de 2009. Por segunda vez el pleno aprueba provisionalmente el plan con dos votos en contra.
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