El 'caso Margüello' se verá en el Parlamento la semana próxima

El Parlamento no esperará a reanudar su actividad en septiembre para empezar a tratar las presuntas irregularidades descubiertas por el nuevo Gobierno en la adjudicación de varios contratos a empresas de las que eran socios tres cargos de Osakidetza. La Junta de portavoces decidió ayer por unanimidad, según informó la presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga, que la Mesa convoque para el miércoles o jueves próximos a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno durante los períodos inhábiles. Ante ella comparecerán, primero, el actual consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, y, después, su predecesor, Gabriel Inclán, que se encuentra en Chile para un curso de reciclaje.

Bengoa denunció irregularidades "graves" en varias contratas

El ex jefe de Calidad de Cruces era socio de las empresas beneficiadas

Para septiembre quedará la decisión de constituir o no una comisión de investigación parlamentaria sobre los hechos denunciados. "Todos los grupos han manifestado que lo importante era escuchar a los dos máximos responsables" del departamento, explicó Quiroga. En principio, el PNV había pedido la convocatoria de la Comisión de Sanidad, lo que habría supuesto abrir el período de sesiones cerrado de finales de junio, y las comparecencias también de varios altos cargos, de las que ayer desistió para alcanzar un acuerdo. El PP había pedido al Gobierno que acudiera directamente a la fiscalía si disponía de pruebas para hacerlo.

El denominado caso Margüello tomó carta de naturaleza el 6 de julio. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, hizo público el descubrimiento de lo que calificó como irregularidades "graves" en la adjudicación y los precios pagados por varios servicios a empresas externas vinculadas a tres facultativos de Osakidetza, el jefe de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello, que fue cesado, y los también médicos del Osakidetza, Eduardo Climent y Javier Zubiaga. Los tres compatibilizaban sus cargos en el Servicio Vasco de Salud con la participación como socios, y en el caso de Margüello, también apoderado, de empresas sanitarias como Medical Dom, Recard 2000, Gestión de Servicios Sanitarios XXI y Rehabilitadom

El consejero se basó en las conclusiones de una investigación realizada sobre las adjudicaciones a cuatro empresas y a una unión temporal (UTE) de otras tres. Realizaban, entre otros servicios, la atención urgente a domicilio y la derivación a la sanidad privada de pacientes en listas de espera en la pública. El informe, que fue remitido por el actual equipo de Sanidad al Parlamento y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) , para que analice en profundidad los perjuicios ocasionados a las arcas públicas, señalaba que se las tarifas pagadas a las empresas en cuestión aumentaron sin motivo alguno de forma excesiva y no justificada, en algún caso hasta multiplicarse por más de diez sobre el mismo contrato del año anterior. Así ocurrió, por ejemplo, con un contrato adjudicado a la UTE Siglo XXI-Clínica Indautxu-Rehabilitación para la derivación de pacientes. En 2008 se pagaron 212.800 euros y este año esa cantidad se elevó hasta 2,7 millones. La investigación concluía también que se conculcó el procedimiento administrativo, al haberse empleado sin justificación la vía de urgencia en la contratación. Las empresas en cuestión ha trabajado para la sanidad pública entre los años 1997 y 2008 período que será objeto de la auditoría del TVCP que luego el Departamento quiere que el Parlamento debata.