La alcaldesa de Marbella reta a la Junta al legalizar todas las viviendas
El Consejo Consultivo avala la iniciativa del cambio de lindes con Benahavís
Ninguna casa habitada debe ser demolida por ilegal que sea. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), está dispuesta a llevar su compromiso electoral hasta las últimas consecuencias, por más que ello suponga romper el consenso mantenido hasta ahora con la Junta sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el riesgo de que sea rechazado por la administración autonómica, a la que compete su aprobación definitiva.
El desafío de la alcaldesa se confirmó ayer, cuando informó a los grupos de oposición de que que en el PGOU que someterá a la aprobación provisional del pleno el día 29 no habrá ni una sola vivienda habitada que quede fuera de ordenación, ni por tanto expuesta a una posible demolición. El Gobierno municipal ha modificado el documento elaborado por el equipo redactor, que mantenía como "incompatibles" con el modelo urbanístico unas 500 viviendas en tres promociones.
El equipo redactor del plan se opone a amnistiar 500 viviendas
Muñoz insiste en su "firme compromiso" de no demoler una sola casa habitada
Muñoz explicó que evitar las demoliciones "ha sido siempre la postura coherente del PP y un compromiso personal". Muñoz dice no querer romper el consenso, pero su empeño es el de un equilibrio muy difícil porque la Junta también ha hecho una cuestión irrenunciable, al menos hasta ahora, la incompatibilidad de determinadas construcciones con el ordenamiento urbanístico que considera coherente y deseable para Marbella.
"La intención es que la Junta asuma el plan y no haya elementos de confrontación", insistió Muñoz, quien recordó como prueba "inequívoca" de su voluntad que cuando llegó a la alcaldía en junio de 2007 asumió el plan elaborado por el equipo redactor contratado por la Junta "sin cambiar ni una coma". "Pero tenemos que incluir criterios municipales, nuestra impronta, y los cambios entendemos que son asumibles", explicó.
El documento aprobado inicialmente en julio de 2007 establecía la normalización de la mayoría de las 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones en suelo por los espacios libres y equipamientos perdidos; y dejaba fuera de ordenación 700 casas. En el documento aprobado provisionalmente en julio de 2008 esta cantidad se redujo a 500. Ahora, después de una nueva información pública, el equipo redactor mantenía estas 500 viviendas como ilegalizables por ocupar suelos del frente litoral. Pero el gobierno del PP entiende que "es de justicia para los compradores de buena fe" no demoler una sola casa habitada.
Según explicó Muñoz, en el caso de Banana Beach y Río Real, que suman unas 350 viviendas, se harán entregas de suelo compensatorio que ahora son aparcamientos y jardines de las urbanizaciones, y en el edificio de La Víbora se harán modificaciones que impidan el riesgo de inundación.
El Ayuntamiento de Marbella además podrá seguir adelante con su propuesta de deslinde con Benahavís después de que el Consejo Consultivo haya emitido un dictamen que recomienda este procedimiento a seguir en el caso de suelos que han sido ordenados por un ayuntamiento aunque en la demarcación oficial de lindes del Instituto de Cartografía resulte que pertenezca a otro, siempre que esas actuaciones hayan sido de buena fe.
Y así ha ocurrido con los casi 400.000 metros cuadrados que son de Marbella pero que durante 30 años ha ordenado Benahavís y que el consistorio marbellí quiere que sean adscritos ahora su municipio vecino. Durante la tramitación del PGOU es el momento de hacerlo, según el Consejo Consultivo, aunque la decisión final compete a la Junta.
La administración autonómica encargó el informe al Consultivo después de la polémica originada por la pretensión del deslinde que afecta a la vivienda de la alcaldesa y a suelos de una promotora de su marido. En el PGOU de Marbella serían suelos no urbanizables, y en el de Benahavís si lo serán.
