Familias profesionales para niños especiales

Antes un orfanato era un orfanato y al hospicio se le llamaba hospicio. Ahora ya no. Los gobernantes autonómicos que tienen bajo su tutela a miles y miles de niños y adolescentes utilizan expresiones como centros de acogida, viviendas, residencias, hogares, centros de acción educativa, acogimientos residenciales y un largo etcétera. Lo que, en la mayoría de los casos, maquilla la incapacidad de la Administración para otorgar a estos menores una familia. Un derecho reconocido en los tratados internacionales y en la legislación española. En todo este triste asunto -muchas veces reducido a una simple y fría estadística- sólo hay dos cosas ciertas. Primera, que -afortunadamente- los centros ya no son esas macroestructuras desangeladas en las que decenas de niños se hacinaban en fríos pabellones y en los que la vara de boj y los abusos se convirtieron en habitual método pedagógico. Y segunda, que en España existen 11.000 niños (datos de 2006) que viven en acogimientos residenciales y a quienes el Estado debe una familia. El resto (3.400) viven en familias y un 6% sufre algún tipo de discapacidad o trastorno que requiere -en teoría- atenciones especiales. Pues bien, en España sólo existen una veintena de familias profesionalizadas para atenderles. Un modelo de acogimiento extendido en el resto de Europa pero que en España no ha pasado de prueba piloto pendiente de evaluación por los expertos.

Sólo Guipúzcoa y Andalucía disponen de un programa profesionalizado

"Estos niños son socialmente invisibles", dice un experto

En Europa, el internamiento en centros estatales es excepcional

Canarias dispone de una bolsa de más de 500 hogares para acoger niños

Las competencias sobre protección de menores están transferidas a las comunidades autónomas y, en el País Vasco, a las diputaciones forales, lo que dificulta enormemente conocer el número exacto de niños desprotegidos. Se calculan unos 30.000. Existen -con multitud de variables- dos tipos de acogimiento: en centros residenciales y en familia, que puede ser extensa (con algún grado de parentesco respecto al niño) o ajena. "El punto de partida es la conciencia de que en España tenemos un intolerable nivel de institucionalización de la infancia y la adolescencia. Es una anomalía que sólo se soporta por la invisibilidad de estos menores. Ante estos casos, uno se da cuenta de que la grandilocuencia sobre el supremo interés del menor debe referirse a otro tipo de niños, no precisamente a los que están institucionalizados", opina Jesús Palacios, uno de los mayores expertos europeos en protección de menores y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y profesor en Cambridge (Reino Unido). Y remata: "Estos niños no sólo son socialmente invisibles, sino que también estadísticamente son difícilmente cuantificables".

En España la Administración nunca se ha enfrentado a una reforma a fondo del sistema de acogimiento, al contrario que en Europa. La institucionalización y la familia extensa mandan. No por casualidad: son las alternativas que menos esfuerzo requieren por parte del sistema de protección, coinciden en afirmar Jesús Palacios y Jorge Fernández del Valle, profesor de psicología social de la Universidad de Oviedo.

En febrero empezó a andar en el Senado una comisión sobre adopciones y temas afines justamente para ofrecer a la Administración pautas para cambiar el sistema en España. Todos los comparecientes alertaron sobre el desorbitante número de niños acogidos en centros y en la necesidad de regular y promocionar el acogimiento profesionalizado.

Es aquel en que el acogedor, con una formación específica en el campo de la educación y con amplia experiencia en trabajos sociales, se dedica a tiempo completo a la atención del menor y cobra un sueldo por ello. El chaval vive en una familia y recibe unos cuidados especializados. Es un modelo en torno a la figura del acogedor, no en torno al menor como el acogimiento voluntario, tradicional e, incluso, el especializado. En estos últimos tres casos, el acogedor recibe una formación específica, pero puede no ser un profesional del sector educativo o social. En el profesional, la mayoría de personas son pedagogos, psicólogos, maestros, monitores o educadores sociales y va destinado principalmente a menores y adolescentes con graves dificultades físicas, psíquicas o sensoriales y/o problemas de conducta.

A pesar de que media docena de comunidades autónomas tienen regulada la figura del acogimiento profesional, únicamente la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Junta de Andalucía han puesto en marcha programas específicos propiamente dichos. Dos experiencias con resultados excelentes pero con escasas familias inscritas. Guipúzcoa dispone de siete núcleos familiares que acogen a diez menores. En Andalucía, nueve núcleos y otros tantos niños. En Castilla y León, de los 809 menores en familia ajena, el 47% viven en núcleos especializados pero no, por ello, profesionales.

Un dato elocuente: mientras el cese de acogimientos en familia tradicional o voluntaria alcanza porcentajes del 25% -las comunidades autónomas lo reducen a un poco creíble 3%- en los acogimientos profesionales de Andalucía y Guipúzcoa no se ha dado ningún caso de interrupción. Los expertos prefieren hablar de interrupción o cese, nunca de fracaso, porque el menor, aunque abandone el seno familiar porque la convivencia se ha quebrado, siempre retiene todo lo aprendido. Un reconocimiento por parte del niño que, a veces, sólo llega en la edad adulta.

El año pasado, Jorge Fernández del Valle realizó un estudio en el que evaluó los resultados del acogimiento familiar en España. En el 50% de los casos el menor mejoró en el contexto escolar; en el 48% la evolución en la conducta fue efectiva y en el 70% se produjo un progreso notable de la salud. La valoración global del acogimiento fue "exitoso" en el 56% de los casos estudiados. Sólo en el 9% se registraron problemas. Unos datos que demuestran que una familia es el mejor entorno para la evolución del niño desprotegido o desamparado. "Estoy trabajando en el caso de un niño que entró en un centro con un año y acaba de cumplir ocho en otro centro. Y seguirá cumpliendo años de centro en centro. Su estado psicológico es cualquier cosa menos envidiable", comenta Palacios a título de ejemplo.

Frente al caso de Palacios está el de Edurne (nombre ficticio), de 48 años y residente en San Sebastián. Vive en pareja y tiene tres hijos, de 19, 16 y 12 años. En enero del pasado año se inscribió en el programa de acogimiento profesional de la Diputación Foral. Estudió para trabajadora social y quería reincorporarse a la vida laboral. Desde entonces acoge a un muchacho de ocho años que se ha integrado por completo a la familia. "Antes necesitaba un acompañamiento permanente en la ikastola, ahora ya no. Su mejora en la escuela ha sido notable", comenta. "El primer año es muy difícil porque la convivencia es complicada, pero ahora nos hemos ido una semana de vacaciones todos juntos y nos lo hemos pasado muy bien. Hay que buscar situaciones de encuentro relajadas para que los niños puedan conocerse", agrega.

¿Lo recomendarías? "Por supuesto que sí. Se lo he comentado a mi entorno, pero muchos anteponen los propios miedos a la separación. Yo no me planteo ni pienso en el día que se vaya, porque durante el tiempo de convivencia recibes de él muchas cosas buenas y compensa con creces todos los miedos. Con nuestros propios hijos no nos planteamos el día que abandonen casa".

Edurne, por su trabajo, recibe un sueldo similar al de un educador que trabaje en un centro oficial o concertado. La Diputación señala que el sueldo es de cerca de 2.000 euros brutos mensuales más 1.238 euros de manutención y gastos. La Junta de Andalucía paga, por ejemplo, unos 700 euros mensuales más otros gastos variables. Y la Generalitat de Cataluña, que va a empezar una prueba piloto, pagará 43.000 euros anuales, más 400 euros mensuales por niño y 12.000 euros para otros gastos en caso de que deban realizarse reformas en el domicilio para atender al menor discapacitado. En Castilla y León, las familias con niños con problemas de conducta o graves discapacidades perciben hasta 58 euros al día.

Aunque la nómina, en ocasiones, puede resultar atractiva, nadie -ni Administración ni expertos- cree que esta forma de acogimiento acabe derivando en un negocio lucrativo. Primero, el ínfimo número de familias inscritas lo evidencia. Segundo, porque es un programa destinado a niños que requieren una atención profesional y personalizada, con problemas o disfunciones psíquicas, físicas o sensoriales, y adolescentes con trastornos de conducta. "Te aseguro que con la mochila que llevan estos niños una familia inexperta no aguanta el embate de la primera semana", sostiene Fernández del Valle. La misma opinión comparte Javier Martínez, de la organización no gubernamental Unsac, con quien colabora la Diputación Foral de Guipúzcoa: "En muchos casos no son chicos especiales de por sí, sino que las circunstancias de la vida los ha hecho especiales. Y tienen que cargar con esta mochila".

Edurne confiesa que la ayuda de Unsac ha sido determinante en días de crisis para poder seguir adelante. Y ése es un apoyo que los expertos consultados consideran imprescindible para evitar que la integración en una familia profesional acabe como el rosario de la aurora. Todos los acogimientos familiares disponen de un grupo de asesores, pero en el profesionalizado deben tomarse todas las cautelas. Andalucía y Guipúzcoa lo hacen con entidades colaboradoras, a quienes se informa constantemente sobre la evolución del menor, realizan terapias de grupo con otros acogedores y disponen además de un teléfono 24 horas para casos de urgencia.

Quien piense en esta fórmula de acogimiento para acabar adoptando al niño, que lo descarte. La mayoría de las comunidades lo prohíben. Y que vaya haciéndose a la idea de que la estancia del niño en casa pueda prolongarse, incluso hasta la mayoría de edad del adolescente, por mucho que algunos expertos lo desaconsejen. Lo ideal es que los menores regresen a su familia biológica, pero eso ocurre en un mínimo porcentaje. Después están las adopciones, pero pocas familias aceptan a niños discapacitados o adolescentes. En 2008, la Generalitat de Cataluña realizó sólo una adopción de un niño mayor de ocho años. Y eso que tiene la tutela de 7.673 niños. Por el contrario, 500 familias canarias se han inscrito este año en la bolsa de familias de acogida tras una campaña de la comunidad.