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La Xunta cambia la Ley del Suelo para "desbloquear" el urbanismo del rural

Los ayuntamientos podrán autorizar obras sin la aprobación de la consellería

Tras cuatro años de resistencia del bipartito a la presión de los alcaldes de las zonas rurales, el nuevo Gobierno no ha esperado a cumplir 100 días para modificar la legislación urbanística. El Consello de la Xunta impulsó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley del Suelo, que prevé modificaciones en 40 de sus 237 artículos. Los cambios van todos en la misma dirección: incrementar la autonomía urbanística local y "desbloquear" la construcción en el rural, en palabras del presidente, Alberto Núñez Feijóo. La reforma, aseguró, permitirá frenar la "dispersión", aunque evitar la proliferación de viviendas diseminadas fue precisamente el motivo del rechazo del anterior Gobierno a esta medida.

Urbanismo permite construir en tres nuevos tipos de núcleos rurales

La reforma satisface las demandas reiteradas por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ya que toma como base un documento presentado en la pasada legislatura por la organización municipalista a la Consellería de Política Territorial. Entre sus novedades destaca la "ampliación" de la competencia municipal para otorgar licencias en suelo rústico, con el objetivo de "agilizar" trámites. Los ayuntamientos también podrán dar luz verde a las ampliaciones de naves y establos.

La ley sustituye el criterio de distancia por el de densidad. Hasta ahora, los ayuntamientos podían promover planes urbanísticos delimitados por una distancia de 50 metros desde la última vivienda y en un área de expansión de 200 metros cuadrados. Con la reforma, además del núcleo rural histórico tradicional, se crean otros tres: consolidado, no consolidado y complejo, en el que concurren características de los anteriores. En todos ellos será posible construir, siempre que la densidad supere el 33% del suelo.

"Se trata de eliminar la rigidez que predomina en el rural. La realidad es terca y, de los 10.000 núcleos que existen en Galicia, pocos se ajustan al modelo histórico tradicional", argumenta la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarna Ríos. "Tenemos el objetivo de flexibilizar el urbanismo en el rural, manteniendo el germen del núcleo".

El documento, que la Xunta quiere llevar al Parlamento en otoño, recupera la figura del Plan Especial de Ordenación de Núcleo Rural, que formulará y aprobará la Administración local, y tendrá funciones de apoyo al desarrollo del plan general análogas a los de reforma interior (PERI) en el suelo urbano consolidado. Su tramitación también se simplifica, ya que se gestionarán como los estudios de detalle.

La modificación supondrá una mayor agilidad en la concesión de licencias en suelo rústico para obras mayores, es decir, las que requieren de un proyecto técnico completo, que ya no necesitarán autorización autonómica. También desaparece esta autorización en las obras menores, de escasa entidad constructiva y económica, que los ayuntamientos deberán resolver en el plazo de un mes.

La Xunta reducirá de tres a dos meses los plazos de todos sus informes urbanísticos preceptivos, con la excepción de la aprobación definitiva de los planes generales. La evaluación ambiental, mientras, pasará a constituir parte del propio contenido de los instrumentos de ordenación urbanística, tramitándose de forma unitaria.

La que ahora promueve la Xunta es la segunda reforma de la Ley del Suelo de 2002, después de que el bipartito de Emilio Pérez Touriño aprobara en mayo de 2007 la ley de medidas urgentes de protección del litoral. Feijóo aseguró que, con los cambios propuestos, se pasa "de posturas paternalistas a la colaboración leal con los municipios". La nueva norma, añadió, "romperá" con formulaciones anteriores que hacían "inviables" los planes generales "de la mayor parte de los municipios" de Galicia, en los que el asentamiento fundamental es el rural. La pretensión de la Xunta es trasladar el lunes el borrador a la Fegamp y aprobar el anteproyecto en septiembre, para que pueda entrar en el Parlamento entre octubre y noviembre de este año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de julio de 2009