La Xunta hereda pagos por 1.100 millones hasta 2018

El nuevo Gobierno no sólo tendrá que hacer frente a una revisión de los presupuestos que limitará su margen de maniobra en unos 600 millones de euros, el desfase anunciado por el propio Feijóo sobre las cuentas elaboradas por el bipartito para este año por la caída en la previsión de ingresos. También asumirá compromisos heredados del anterior Ejecutivo cuyo pago se prolongará hasta 2018 y que corresponden al abono de la deuda contraída durante años por la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) para ejecutar distintas obras, desde hospitales hasta vías de circunvalación.

La SPI, que nació bajo la égida de la Consellería de Economía en la etapa de Fraga, como herramienta para la contratación de obras al margen de los límites de endeudamiento público, tenía contabilizado a 31 de diciembre del año pasado un volumen de obra de 884,61 millones de euros y compromisos de pago hasta 2018 por importe de 1.114 millones. Así se deduce de las cuentas que como empresa pública la SPI está obligada a depositar en el Registro Mercantil, más allá del plan económico y financiero vigente a esa fecha, y del que el anterior Ejecutivo sólo llegó a anunciar las principales iniciativas de gasto en obras a materializar durante este año.

La deuda contraída era para ejecutar obras de hospitales y autovías

La SPI nació con Fraga para sortear los límites de endeudamiento

En concreto, para 2009 se preveían ejecutar 104,3 de los 645,2 millones de euros que sumaban las inversiones encomendadas por las distintas consellerías a la sociedad mercantil dependiente de Economía. Los 540,8 millones restantes, el 84% del importe total presupuestado, se gastarían a partir del 2010. Hasta sumar los 1.100 millones que reflejan las cuentas de la SPI, actualmente dependiente de la Consellería de Facenda, hay que remontarse a obras ya ejecutadas y pendientes de pago. De hecho, la sociedad asigna los fondos disponibles a cada obra de acuerdo con su nivel de ejecución, pero establece parámetros de endeudamiento con una duración de diez años y dos de carencia. Así sucedió con un crédito del Banco Europeo de Inversiones destinado a reducir el coste financiero (tipos de interés a pagar) de las obras que ejecuta por mandato de la Xunta.

De acuerdo con las cuentas presentadas por la sociedad en el Registro Mercantil, la aportación que recibió la SPI durante 2008 con cargo a los presupuestos de la Xunta, y de acuerdo con el plan económico financiero vigente entonces, ascendió a 72,3 millones de euros. La sociedad pública, entonces presidida por Pedro Antonio Fernández, también llevó a cabo ampliaciones de capital, la última en enero de este año, por 1,2 millones.

Pero donde la SPI tiene su músculo financiero es en lo que debe. Sólo en deudas a largo plazo con entidades de crédito sumaba al cierre de 2008 273,7 millones de euros, de un pasivo total de 350 millones. En su conjunto, las pólizas de crédito firmadas por la sociedad con entidades financieras (Caixa Galicia, Caixanova, BSCH, BBVA, Pastor y La Caixa, entre otras) tenían un límite de disponibilidad de 638,8 millones, del que se había dispuesto a esa fecha la cantidad de 325,9 millones, según las cuentas presentadas por la compañía. El tipo de interés medio, ventajoso en términos de mercado, oscila en el Euribor entre 0,09 y tres puntos.

Actualmente, aunque pendiente de revisión por el nuevo Gobierno, el peso de los mandatos de actuación que la Xunta financia a través de la SPI recae en el Sergas y en todo lo relacionado con Política Territorial, de los que dependen infraestructuras que suman 570,3 millones. Se trata de actuaciones como los nuevos hospitales de Vigo y Pontevedra, la tercera ronda de A Coruña, la autovía Ferrol-Vilalba, las vías de alta capacidad Tui-A Guarda y Carballo-Fisterra, y el corredor Brión-Noia. Los nuevos hospitales suponen 420 millones de euros. De lo dilatado en el tiempo de los recursos de los que dispone la SPI da cuenta la reserva para financiar las actuaciones de infraestructuras viarias para este año, por 49,2 millones, la tercera parte de su coste total, 150,3 millones.

Originariamente creada para financiar obras de carreteras, autopistas y autovías, la actividad de la sociedad derivó durante los últimos años hacia la financiación de todo tipo de actividades. De hecho, es titular del 100% de otra empresa pública, Aceousa, titular de la autopista entre Santiago y Ourense en su tramo entre el Alto de Santo Domingo y la A-52, constituida en 2003 y que tiene un valor en libros de 18 millones de euros.