"La oposición debe entrar en la gestión"

La primera tesis doctoral de José María Gorordo, un estudio de 900 páginas sobre las cámaras de Comercio, Industria y Navegación, mereció en la Facultad de Derecho de la UPV un sobresaliente cum laude. Tres años más tarde, su segunda tesis El control de la gestión pública por los órganos de fiscalización externa, de similar extensión, ha vuelto a recibir la máxima calificación en la Universidad Católica de Valencia.

Pregunta. ¿Por qué se acercó al estudio de los órganos de fiscalización?

Respuesta. Quería contrastar mi experiencia profesional y política, en el Gobierno y en la oposición, y en el organismo de control en el País Vasco con el rigor que exige la Universidad. El sector público, que representa el 50% de la economía de los países occidentales, debe rendir cuentas. Mi conclusión es que los órganos de control externo tienen que controlar la eficacia y la eficiencia de los gastos públicos, si se ha gastado bien y si se han cumplido los objetivos, y la racionalidad de la decisión. El límite está en el juicio de oportunidad, que es labor del Parlamento y de los grupos políticos. No son órganos políticos, sino al servicio de los Parlamentos.

"Nos centramos en la fiscalización de la legalidad, pero falta la transparencia"

P. Pero la política influye. Son los partidos los que proponen a sus miembros y la correlación de fuerzas en los Parlamentos se traslada a los tribunales de cuentas.

R. Ocurre lo mismo en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial. Son órganos que tienen que ser independientes, y no se ha inventado un sistema mejor que la elección por los Parlamentos. La independencia está en que los períodos en el cargo son más largos que las legislaturas, los miembros de los tribunales se equiparan a los jueces y sus presupuestos son autónomos. Las mayorías absolutas que requieren los nombramientos obligan al consenso. La integración de los organismos de control exclusivamente por profesionales llevaría al corporativismo.

P. Se producen situaciones como la reciente aprobación del informe sobre las pérdidas en operaciones con divisas del Museo Guggenheim por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). [No se presentaron alegaciones para que el informe fuera aprobado antes de la renovación de tribunal, cuando los miembros designados a propuesta del PNV contaban con mayoría.]

R. Puede pasar en los periodos finales de los mandatos.

P. ¿No es una muestra de contaminación política?

R. Yo creo que no. Las decisiones que se toman al final de los mandatos siempre están sometidas a la crítica de los que vienen después. Lo que hay que juzgar es una trayectoria larga. Además, toda la organización del TVCP es de profesionales. Un informe de fiscalización no se hace por los siete miembros que elige el Parlamento, sino por auditores y abogados, profesionales que han accedido al cargo por oposición. Se forman equipos especializados que elaboran los informes y antes de llegar al pleno hay otro equipo que hace el control de calidad. Cuando llega al pleno está superelaborado, puede haber matices pero no desacuerdos de fondo.

P. A veces lo son los votos particulares.

R. Los votos particulares son esenciales en un órgano colegiado. Auditamos un año entero de legalidad, que son muchos actos, y hay muchas oportunidades para opinar de forma distinta.

P. ¿En qué consiste la modernización de los organismos de control que propone en su tesis?

R. Nos estamos centrando en la fiscalización de la legalidad, pero falta estudiar los campos de la eficiencia, la eficacia y la transparencia. La transparencia implica que todos deben estar representados, sobre todo en las instituciones locales. Por ejemplo, en las mesas de contratación deberían de estar, además de los profesionales, los funcionarios que hacen su trabajo, y los concejales del Gobierno, los representantes de la oposición. No sólo debe tener el acceso a la información, la oposición debe entrar en el proceso de decisiones, en la gestión de todo el entramado público. Yo propongo incluso una reforma legal para que la oposición esté presente en todos los organismos.

P. ¿Por dónde se puede empezar esa modernización?

R. Los organismos de control no pueden entrar la eficacia del gasto porque, entre otras cosas, los presupuestos públicos no están elaborados por programas. Por ahí habría que empezar, por modificar la forma en la que la Administración hace los presupuestos, fijando sus objetivos. El esquema de la Administración es muy reglamentista, pero no controla el cumplimiento de los resultados.

P. ¿Interesa a los políticos?

R. A los políticos no, pero a los ciudadanos sí.

P. ¿Cuando era alcalde qué tal fueron sus relaciones con el TCPV?

R. Guardo un informe en el que el tribunal felicitó al Ayuntamiento de Bilbao por haber introducido el sistema de auditorias externas en las sociedades municipales. En aquella etapa todos los partidos políticos formaban parte de los organismos del Ayuntamiento. La tesis es coherente con esta idea de que la oposición tiene el derecho democrático a tener su participación en igualdad de condiciones que el Gobierno y compartir responsabilidades.