Chiringuitos a costa de la ley

La Ley de Costas se ha convertido en fuente de todos los males, en supuesta culpable de que cientos de personas puedan ir al paro, de querer impedir que los turistas se tomen una cerveza entre baño y baño, y todo ello con el fin de perjudicar a Valencia. Al menos eso se deduce de las declaraciones del Ayuntamiento de Valencia, del PP, que acusa al Gobierno de "animadversión" hacia las playas valencianas, de "discriminación" y de "persecución" a los hosteleros.

La tormenta política a cuenta de la ley comenzó en marzo por la reglamentación de los eventos deportivos en la arena y continúa con la defensa a ultranza de chiringuitos de playa, que como en otros puntos del litoral, no se ajustan a la norma. Las duras críticas del Ayuntamiento y la Generalitat a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, del Ministerio de Medio Ambiente, y la Delegación del Gobierno, ha llevado a más de uno a hablar del problema de "la nueva ley". Tan nueva que se aprobó en 1988.

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Valencia se queja de las multas por el exceso de publicidad en actos deportivos

"Las playas valencianas no acogerán ninguna competición deportiva el próximo verano" por las "arbitrarias sanciones del ministerio", anunció el concejal de Deportes, Cristóbal Grau, en marzo. Se quejaba el consistorio de que desde 2005 ha sido multado en siete ocasiones por la publicidad en actos deportivos de playa. La ley prohíbe la publicidad "a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales". Las multas responden al incumplimiento de la ley, pero el gobierno de Rita Barberá sostiene que en Valencia se sanciona y en otras ciudades no. En el fragor de la batalla, Grau afirmó incluso que el Gobierno "ha tratado por todos los medios de acabar con el deporte" en las playas. Sin embargo, los eventos se celebran desde hace años y éste también. En 2008 fueron más de 140 a lo largo de las costas valencianas y las sanciones no llegaron a la decena. Desde el Ejecutivo recalcan que son los "excesos" los que se expedientan, cuando se llena la playa de objetos cargados de propaganda. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta asegura, además, que el consistorio ha reducido su aportación económica y empuja a los organizadores a contratar más publicidad. El PP lo niega. Las partes se han encontrado finalmente a medio camino, con el compromiso de que no se abusará de la publicidad y de que ésta divulgará la saludable relación del deporte y las playas.

Desbloqueado este asunto, ha tomado el revelo la confrontación por los restaurantes de playa de la Malva-rosa, donde la aplicación de la ley obligará a una docena de establecimientos a eliminar cerramientos que exceden los 150 metros cuadrados de concesión pública. La polémica ha estallado después de que la mayoría hubiera aceptado eliminar el próximo octubre el espacio cubierto de más. Los hosteleros de la Malva-rosa -y una decena de locales de Pinedo y El Saler- se quejan de que Costas permitió en 2002 esos cerramientos y que la supresión ahora de una superficie que en muchos casos dobla la concesión supondrá un grave quebranto económico y de empleo.

Sin embargo, el permiso a los chiringuitos ha requerido siempre de la renovación anual de Costas porque no forma parte de la concesión. "Sabíamos que esto iba a ocurrir algún día. En realidad, habría que haber desmontado [el cerramiento] cada año para cumplir la ley", admiten en un restaurante. "Pero invertimos dinero, no molestamos a nadie y damos un servicio", añaden. "Estamos de acuerdo en desmontar, pero seguiremos luchando", asegura Miguel Cueca, presidente de los negocios de la Malva-rosa.

La polémica ha alcanzado ahora su punto álgido, pero el aviso de Costas a los afectados llegó hace más de un año con la concesión de 15 años a punto de expirar. Para el ministerio, esta situación irregular no podía mantenerse de cara a una nueva concesión o una prórroga. La federación de hostelería ha puesto el grito en el cielo y ha pedido "que se cambie la norma", mientras que el PP habla de "persecución" al sector y ha emitido comunicados que no aclaran que los restaurantes no desaparecerán, sino que deben eliminar los metros que excede su concesión. La guinda la ha puesto el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, al anunciar que cambiará la Ley de Espectáculos para esquivar la norma de Costas y proteger los "chiringuitos" -con esa denominación que "chirría" en los oídos de los hosteleros- por formar parte de la "idiosincrasia" valenciana.

El gobierno local aprobó en el pleno de junio con el apoyo del PSPV una moción que pide a Costas que contemple las "soluciones de excepcionalidad" de la ley. Pero en esa excepcionalidad ya están los restaurantes desde hace años y los permisos anuales "no pueden generar derechos" y convertirse en "un supuesto ordinario", según el ministerio.

Peralta argumenta que la ley de 1988 respondía al objetivo de ordenar el litoral ante el auge del turismo y que ahora es necesario "reforzar su aplicación" por la fuerte presión urbanística y el cambio climático. "Se trata de sostener el turismo de forma sensata. Tenemos interés en que se cumpla la ley porque es un beneficio colectivo", sostiene el delegado, que denuncia que las críticas del PP responden "a una estrategia política de utilizar la ley contra el Gobierno".

El ministerio reconoce que se ha avanzado en la ordenación del litoral. Los merenderos de Valencia, al contrario que muchos en Andalucía, se sacaron de la arena al paseo marítimo hace años. Pero eso no exime de eliminar posibles ilegalidades que quedan, dice Peralta. En El Puig hay 49 casas a pie de playa con sentencia de derribo pendientes de un último recurso. En Alicante, en las playas de San Juan de Alicante y Muchavista de El Campello hay siete establecimientos que no cumplen la normativa. Apuraron en 2000 sus concesiones y el conflicto con Costas por prorrogarlas terminó con una sentencia del Tribunal Supremo que desembocará en derribos en octubre, informa Rosa Biot. Los hosteleros de Alicante reclaman una "moratoria para estudiar bien el caso" y para que, si hay demolición, se consensúe "un proyecto que permita mantener la oferta turística en la zona", explica su presidente, José Francisco Izquierdo. Costas también afronta polémicas en Castellón, donde los chiringuitos año tras año superan la ocupación permitida, por lo que son sancionados, informa María Fabra. El ministerio ha impuesto en tres años multas por 110.000 euros abonados por el Ayuntamiento, que es el que recibe la autorización de Costas. El Ayuntamiento repercute las multas en sus concesionarios, pero en 2008 pagó más por las sanciones de lo que ingresó por las concesiones. Los quioscos de temporada en la arena, de 150 metros cuadrados, exceden casi sistemáticamente los límites y uno de ellos ha llegado a los 1.000 metros cuadrados como discoteca.

La Ley de Costas seguirá en el punto de mira del PP. Se avecinan nuevas tormentas por los expedientes de deslinde en tramos de la costa de Valencia y Alicante.