"Montaron el helicóptero con piezas que eran sólo chatarra"

Las ocho personas que murieron el 14 de junio de 2002 en el accidente de helicóptero de Toralloda (Pallars Jussà) volaban a bordo de un aparato comprado por 3.450 euros en una subasta del Ejército y remendado con piezas de desguace. El helicóptero, propiedad de la empresa Helieuropa Services, fue contratado por operarios de Fecsa-Endesa para sobrevolar las líneas eléctricas y comprobar así su estado. En pleno vuelo, el helicóptero perdió la cola y se estrelló contra una ladera. "Los acusados montaron un helicóptero de lo que no era nada más que chatarra", resume la Fiscalía de Lleida en su escrito de acusación. Para los propietarios del helicóptero pide ahora cinco años y nueve meses de prisión, 7.200 euros de multa y 600.000 euros de indemnización para las familias de cada una de las víctimas.

El propietario usó un motor de un museo para equipar la aeronave

El fiscal abre el juicio contra P. M. S. de M., administrador de la sociedad Helieuropa Services SA, los ingenieros A. G. L. y J. C. de la P., y el técnico de mantenimiento C. M. Los cuatro están acusados de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores. Además, el ministerio público también pide para ellos seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión.

El relato que realiza el fiscal sobre la tragedia aérea más grave jamás ocurrida en Lleida relata una interminable sucesión de irregularidades que empiezan el 19 de abril de 1993, cuando P. M. S. de M compró un viejo helicóptero Augusta Bell 205 en una subasta pública del Ejército del Aire por 3.450. El aparato no tenía motor, hélices ni cola.

Tres años después, lo vendió a la sociedad Helieuropa Services, de la que era gerente, por 30.000 de euros. Entre estas dos fechas, el "único interés del comprador", según el fiscal fue "conseguir la documentación de la aeronave" para comercializar su alquiler. Una vez conseguidos los documentos, procedió con los otros acusados a montar y reconstruir el helicóptero, adquiriendo las piezas que iban necesitando en otras subastas o retirándolos de otras aeronaves. Todo esto lo hicieron "sin tener ni autorización ni habilitación", destaca el fiscal.

Primero instalaron en la aeronave siniestrada un motor procedente de otro aparato que estaba depositado para su observación como pieza curiosa en el Museo del Ejército. También instalaron el rotor principal, el estabilizador y el rotor de cola con piezas de otros aparatos. El 2 de junio de 1996, una vez montado el helicóptero, la empresa solicitó a la Subdirección General de Aviación Civil autorización para realizar unos vuelos de prueba. El fiscal relata cómo en octubre de 1996 Aviación Civil emitió por error un certificado de aeronavegabilidad para un modelo de aparato distinto. Esta irregularidad duró cinco años, durante los cuales la aeronave recibió programas de mantenimiento inadecuados, sin que los acusados lo pusieran en conocimiento de las autoridades aéreas.

Pero la peor de las irregularidades cometidas por la empresa fue la violación de la prohibición para transportar pasajeros dictada por la Dirección General de Aviación Civil, lo que según el ministerio público fue ignorado repetidamente por la empresa.

El día de la tragedia, el remendado helicóptero despegó del aeropuerto de Sabadell a las 9.40 con dos tripulantes y dos pasajeros para realizar un estudio termográfico de las líneas de alta tensión. En Lleida recogieron a los otros cuatro pasajeros, se dirigieron a la estación de esquí de Baqueira Beret para repostar combustible y volvió a Lleida. Sobre las 13.15, en el Turó de Santa Magdalena, en Torallola, con un vuelo nivelado y sin mediar ninguna "circunstancia meteorológica o de pilotaje", se produjo la separación en vuelo del cono de cola, por "el deficiente estado de mantenimiento del helicóptero", y el fuselaje comenzó a girar sobre sí mismo hasta impactar contra el suelo. Los ocho ocupantes, entre los que figuraba la delegada del Departamento de Industria en Lleida, Divina Esteve, murieron calcinados.

El fiscal concluye que la causa inmediata del accidente fue la rotura o desprendimiento del cono de cola del aparato debido al mal estado y al cúmulo de irregularidades existentes en la documentación, por lo que pide al juzgado la apertura del proceso penal contra los acusados.