Benavides, condenado a 28 meses por un delito de coacciones
El alcalde de Almuñécar cambió las cerraduras y cortó la luz de la TV local
El Juzgado de lo Penal de Motril ha condenado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisión local. Además, el regidor quedará inhabilitado durante esos 28 meses para ejercer como cargo público tras haber autorizado el cambio de cerraduras y el corte de los suministros de agua, luz y teléfono a la empresa Medios Informativos Costa Tropical SL, que finalmente originaron el cierre de la misma, según publicaba en su edición de ayer La Opinión de Granada.
El fallo rebaja en dos meses la petición de pena de la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado 10 de junio, y en el que solicitó también que Benavides abonara 36.000 euros en concepto de multa.
Los hechos se remontan a enero de 2004, cuando la empresa se encargaba de los servicios relativos al desarrollo, producción de programas, tiempo de difusión y publicidad institucional en medios audiovisuales de titularidad municipal tras haber obtenido la adjudicación pertinente en abril de 2000.
Para el desarrollo de sus funciones la empresa utilizaba una planta del edificio de la Casa de la Cultura y un cuarto situado en la terraza, así como una caseta en el Rancho de Río Verde, de titularidad municipal.
Sin suministros
Sin embargo, en enero de 2004, con Benavides de alcalde, éste ordenó el cambio de cerradura de la caseta de emisión situada en Río Verde, así como en los locales de la Casa de la Cultura que usaba la televisión, mientras que en la Junta de Gobierno de ese mes se acordó el corte del suministro eléctrico de los locales.
Al parecer, la orden se hizo efectiva entre el 16 y 19 de enero, sin que previamente se comunicara ni notificara al representante de la empresa, circunstancia que impidió que ésta pudiera continuar con su actividad, con los consiguientes perjuicios económicos.
Esta circunstancia fue utilizada para acordar, el 21 de enero de ese año en la Junta de gobierno local, que se incoara contra la adjudicataria un expediente sancionador procediendo a la suspensión cautelar del contrato.
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