Las ONG, contra el veto a los 'sin papeles' en los albergues

El anuncio del Gobierno central de endurecer el acceso a los albergues de temporeros a los inmigrantes indocumentados ha sido recibido con duras críticas por las organizaciones sociales que cada año complementan la acogida a estas personas. Una de ellas, Cáritas Diocesana, que durante la última campaña puso en marcha un alojamiento de emergencia ante la avalancha de inmigrantes llegados a la campaña de aceituna, advirtió que se plantea no colaborar con los albergues que "discriminen" a personas por no tener trabajo.

El presidente de Cáritas en Jaén, Juan Carlos Escobedo, demandó un sistema "paralelo" en el que se acoja a estas personas "con la misma dignidad". En su opinión, habría que empezar ya a pensar y ofrecer propuestas concretas sobre esas otras medidas para resolver una situación que por experiencia se sabe que se registra cada año. De no hacerlo, advirtió, estas personas se verán abocadas de nuevo a "dormir al raso".

Cáritas se plantea no colaborar si hay "discriminación" de los inmigrantes

De igual modo, Jaén Acoge está estudiando si esta medida "es legal o no desde el punto de vista jurídico", según indicó Pedro González, que duda de la legalidad de que en los albergues "se pueda discriminar o segregar" en dos tipos de alojamientos. González considera que esa medida no resuelve el problema de la pobreza que padecen las personas que acuden a Jaén en busca de trabajo en la campaña de la aceituna. "Las personas buscan trabajo independientemente de su situación administrativa porque tienen que comer, no nos parece una medida social positiva".

Mientras tanto, desde el Gobierno andaluz, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, cree que son "perfectamente compatibles" los recursos que en la campaña de la aceituna atiendan a las personas que tienen la documentación necesaria para trabajar y los destinados a aquellas que carecen de papeles, estos últimos denominados recursos de baja exigencia, que son ocupados por las personas en función del orden de llegada.

Ahora bien, la consejera dejó claro que el hecho de carecer de contrato de trabajo no significa que se deje de atender a los inmigrantes: "Tienen derechos humanos y tenemos la obligación de garantizárselos", señaló Navarro, que lamentó que si no hay más recursos para la atención a transeúntes o temporeros de campañas agrícolas es, precisamente, por los recelos que estas instalaciones suscitan entre los ciudadanos. "Todos somos muy solidarios, pero a ser posible que estos centros no estén cerca de su casa", espetó la consejera.

Hay que recordar que el subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, señaló el martes, tras la reunión de la comisión de Flujos Migratorios, que se buscarán "instrumentos de compensación" en los municipios con mayor presión migratoria y se destinarán recursos de acogida "por razones humanitarias".