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El Patronato del CGAC cuestiona las cuentas del museo

La compra de obras se disparó 751.000 euros por encima del presupuesto

Las recientes quejas de algunas galerías gallegas por el retraso en los pagos de las obras que han vendido al Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) han sido el último episodio de un problema que ya venía gestándose en los últimos años. Bajo la dirección del recientemente cesado Manuel Olveira, el centro incrementó de forma considerable el presupuesto destinado a la compra de obras para la colección: en los dos últimos años de su gestión se pasó de un presupuesto inicial de 288.000 euros a otro de 600.000. Sin embargo, duplicar la partida para compras no fue suficiente. En tres años y medio, Olveira se gastó 2,5 millones en la adquisición de piezas, lo que supone una desviación de 751.000 euros respecto a los presupuestos anuales.

El gasto para adquirir creaciones aumentó un 50% en tres años

Entre 2002 y 2005, el anterior director del CGAC Miguel Fernández Cid contó con un presupuesto de 1,15 millones de euros para compras y se gastó 20.000 euros por encima de esa cifra. En tres años y medio, Olveira contó con partidas por valor de 1,77 millones para el mismo fin y acabó gastándose 2,52 millones. Estas cifras pertenecen al informe sobre la gestión del centro que se analizó en la última reunión del Patronato del CGAC, el órgano responsable de aprobar las cuentas, celebrada el pasado 8 de junio y en la que hubo intervenciones contundentes contra la gestión realizada por Olveira durante estos años. El informe recoge que en 2009 ya se han gastado 300.000 euros correspondientes al capítulo de adquisición de obra de este año y, además, hay una propuesta del director para comprar piezas por valor de otros 435.000 euros que por ahora no ha sido aprobada por la Comisión Superior de Valoración de Obras de Interés Cultural.

Asunta Rodríguez, responsable de la galería compostelana Trinta, es una de las perjudicadas por esta situación. La galería había acordado con Olveira la compra de cuatro piezas de la artista Esther Ferrer, antes de que a ésta se le concediese el Premio Nacional de Artes Plásticas. Ahora se da la paradoja de que estas piezas están en los depósitos del CGAC e incluso ya han sido exhibidas por el centro en una reciente exposición. Sin embargo, su compra no ha sido aprobada por la citada comisión. Teóricamente, podría rechazarse con un grave perjuicio para la galería y la artista, aunque la cotización de estas obras ha aumentado. Rodríguez señala que en los últimos años su galería ha notado un incremento en el volumen de adquisiciones por parte del CGAC y cree que Olveira ha comprado con buen criterio.

El incremento de la partida destinada a la adquisición de obras ha supuesto la merma del dinero dedicado a otras actividades, como la organización de exposiciones o las publicaciones, ya que el presupuesto del centro apenas se ha incrementado en los últimos años y ahora se sitúa en 3,2 millones de euros. Olveira explica que la decisión de duplicar el dinero destinado a la compra de obras la tomó él mismo en ejercicio de su autonomía como director. En su opinión no ha habido desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias y, además, asegura que este año no se ha gastado "ni un solo euro" en adquisiciones aunque los datos de ejecución presupuestaria cerrados a 30 de mayo apuntan el citado pago de 300.000 euros por este concepto. Respecto a que no se aprobasen las últimas compras decididas por él, Olveira recuerda que ya pasó algo similar en la época de Gloria Moure, la directora destituida por el Gobierno de Fraga en 1998, y puntualiza que esto no significa que no se acabe aprobando la propuesta. Las galerías implicadas esperan con ansiedad una solución.

Uno de los puntos oscuros de este asunto es la actuación del Patronato del centro, el máximo órgano rector que aprobó sin pestañear durante estos años los presupuestos del CGAC. La única voz de alarma la dio el pasado 30 de marzo Lorenzo Vázquez, miembro del patronato y presidente de la Asociación de Amigos del centro, quien envió una carta al director general de Patrimonio en la que advertía sobre irregularidades en el proceso de adquisición de obras.

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