Feijóo: "Las comunidades de rentas bajas no vamos a financiar a las ricas"

Es el nuevo personaje en ascenso del PP. Lo sabe y por eso el marianista Alberto Núñez Feijóo acudió ayer a Madrid, al Foro Abc, para reforzar su posición como pieza destacada de la política nacional. Allí defendió un modelo de galleguismo inspirado, según explicó, en las ideas de Enrique Rajoy Leloup, el abuelo del líder de su partido, redactor del Estatuto de Galicia de 1936.

El antecesor de Rajoy, según explicó el presidente de la Xunta, era un liberal que basaba su galleguismo en la convicción de que la autonomía es buena para resolver los problemas de Galicia, y no en cuestiones sentimentales o históricas, como los nacionalistas. Por eso él se considera un heredero de ese galleguismo comprometido con España.

"Zapatero es como un mal árbitro que siempre favorece a los equipos grandes"

Feijóo, un marianista convencido -fue el candidato del líder del PP para suceder a Manuel Fraga- recibió el respaldo de la plana mayor de su partido -el propio Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón incluidos- y aprovechó la ocasión para convertirse en un ariete contra el Gobierno del PSOE en plena negociación del nuevo modelo de financiación.

Con tono moderado en las formas pero duro en el fondo, Núñez Feijóo concluyó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está utilizando esta negociación no para resolver los problemas de la crisis económica que sufren y mucho las autonomías, sino para "complacer a sectores díscolos del PSOE, flirtear con los nacionalistas" y garantizar así su mayoría parlamentaria.

"Es como un mal árbitro que en caso de duda siempre se inclina por el más grande. Yo sé de lo que hablo porque sigo desde hace años al Depor y al Celta de Vigo", ironizó. El presidente de la Xunta admitió que la reunión de la pasada semana en La Moncloa con Zapatero fue "positiva", aunque al día siguiente, según explicó, se quedó "preocupado" al escuchar al presidente en Barcelona que "Cataluña tendrá una financiación superior a la media".

"Galicia no va a aceptar ultimatums. Desde luego este sistema no está ultimado, está empezando. Y que quede clara una cosa: las comunidades de rentas bajas no van a financiar a las de rentas altas, eso no lo vamos a aceptar", sentenció.

El presidente gallego evidenció así que sólo aceptará algo que mejore la financiación de Galicia, y no perder para que gane Cataluña u otras donde la población ha aumentado mucho en los últimos años. De hecho insistió mucho en que no considera justo un reparto basado simplemente en la población.

Su posición en este punto está en las antípodas de lo que defienden importantes dirigentes de su partido, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguire, que aplaudió desde la primera fila, o el de Valencia, Francisco Camps. Pero en el debate sobre financiación, el jefe del Ejecutivo gallego hace tiempo que se quitó la camiseta de partido para alinearse en el grupo de comunidades pobres, Extremadura, Asturias -ambas con presidente socialista- y Castilla León, cuyos intereses son similares a los de Galicia.

En juego está el reparto de los 9.000 millones de euros adicionales que el Gobierno de Zapatero ha puesto sobre la mesa para cerrar el nuevo modelo. Feijóo cuenta además con un mandato parlamentario para intentar que el Estado invierta, como hasta ahora, el 7% de sus cuentas en Galicia, y poder afrontar así el encarecimiento de los servicios derivados de la dispersión y el envejecimiento de la poblacional. Su idea parte del convencimiento de que el incremento de la demografía que alegan autonomías más ricas como Cataluña, Valencia y Baleares, supone más gasto en sanidad o educación pero también aumenta los ingresos, puesto que el consumo sube y con él, la recaudación de las comunidades a través de los impuestos indirectos.

El valor emergente del PP volvió al discurso de partido cuando se mostró contrario a la idea de que los estatutos, como sucede con el de Cataluña, fijen qué parte de la financiación le toca a cada autonomía. Abogó por que sea una sentencia del Tribunal Constitucional la que resuelva el problema declarando inconstitucional esa parte del texto.

"Esperamos una sentencia con alto sentido del Estado. Si no, el Estado no sería más que la suma de los estatutos de autonomía", advirtió.