Desbandada en el juzgado

"Incluso ahora puede saltar la chispa". La descarga que sugiere una funcionaria saltó en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla el 28 de marzo de 2008, pero recorrió todo el país. Los graves errores judiciales del caso Mari Luz causaron un terremoto que ha devenido en un intento de diáspora de los trabajadores del juzgado, centro de todas las miradas durante 15 meses.

Rafael Tirado, titular del juzgado hasta hace dos semanas, se incorpora hoy al Juzgado de lo Contencioso número 3 de Sevilla tras un curso para habituarse a su nuevo destino. A la secretaria, Juana Gálvez, le ha sido denegada su solicitud para trasladarse al Juzgado 2 de lo Mercantil. Y las cuatro funcionarias del juzgado de Tirado han optado al concurso de traslado para lograr otros destinos. Si se les conceden, el Juzgado de lo Penal 1 quedaría integrado sólo por personal interino, situación no tan extraña y en la que también se encuentra el Juzgado de lo Penal 13.

Otras cuatro funcionarias han pedido el cambio de destino

A pesar de que el caso Mari Luz fue la chispa, detrás late un argumento común a todos los juzgados andaluces de lo Penal: la extraordinaria carga de trabajo. Todos los protagonistas de esta historia anteponen esa razón como motivo de su huida, a la tormenta mediática que han soportado por los expedientes del pederasta reincidente Santiago del Valle. El atasco, que se extiende como una plaga por todas las provincias, tiene una imagen muy gráfica: las montañas de expedientes sobre las mesas. Y cada día que pasa, las cumbres son más altas.

En el pasillo, siete enormes armarios archivadores han colmado un tanto la sensación de caos. Al entrar en el juzgado es conveniente no apoyarse en la cordillera porque el riesgo de provocar un pequeño cataclismo de ejecutorias sobre el suelo es muy alto. "Vamos a peor. A salto de mata", comenta resignada una funcionaria. Desde la marcha de Tirado, el juzgado ha sido atendido por tres magistrados sustitutos, los casos aumentan y, por si fuera poco, ahora hay que sumarles el "alarde", una memoria que realizan los jueces de los casos pendientes siempre que se produce un cambio de titular.

¿Tiene solución el atasco? El servicio común de ejecutorias, dirigido por un secretario, para todos los juzgados de lo Penal, parece una solución plausible prevista por la Consejería de Justicia, pero habrá que esperar hasta finales de año. Para el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, las cosas cambiarán cuando se cree el Juzgado 14 de lo Penal antes de 2010, y todos los juzgados de lo Penal se trasladen a un nuevo edificio. "También hay que adecuar el número de órganos penales a la carga de trabajo que tienen", recuerda el decano.

Mientras, el enfrentamiento entre el juez y la secretaria se ha disipado con la marcha del primero. Por los graves errores judiciales, tras dejar sin ejecutar la pena de prisión de Santiago del Valle que hubiera evitado que presuntamente asesinara a la niña Mari Luz Cortés, el juez Tirado fue sancionado con una multa de 1.500 euros. El magistrado sólo busca pasar página y que los medios de comunicación se olviden de él. Mientras, la sanción a la secretaria Gálvez ha sido reducida de dos años a seis meses sin empleo y sueldo. "No pienso comentar ninguna resolución, sólo veré si la debo recurrir. Estoy empeñada en que las cosas se pongan en su sitio. Es mi derecho", aclaró Gálvez esta semana.