La protección de menores no funciona en España

"La protección de menores en España no funciona". Es una de las conclusiones que ayer hicieron públicas los jueces de menores que durante tres días han debatido en Valencia sobre el escenario en el que trabajan. Los magistrados aseguran que las deficiencias en el sistema de protección a menores con problemas "obligan a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social". Por eso, Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la clausura de las jornadas medios materiales e implicación real de las administraciones para poder corregir las disfunciones que existen en materia de menores.

Los magistrados recomiendan a los poderes públicos que realicen estudios rigurosos y fiables sobre cuántos menores pasan de protección a reforma, para prevenir que todos ellos se conviertan en delincuentes. Dos cosas, pues, coinciden: la dificultad de detectar y actuar sobre los menores que tienen comportamientos difíciles o algún tipo de trastorno, y ejecutar una protección eficaz que evite que ese mismo comportamiento lleve a los menores a la infracción penal.

A pesar de reconocer que cada año la conflictividad entre menores y con menores es mayor, los jueces rechazan la rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 años. Sería, aseguran en las conclusiones, "reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español".

La prevención es la reclamación más reiterada. Los jueces consideran que es la clave para superar situaciones que están dificultando seriamente la elaboración de diagnósticos acertados y el diseño de políticas adecuadas. Los jueces, tal como señaló Bravo, piden que se favorezcan la mediación y la conciliación como propuestas de futuro para superar conflictos, especialmente los de maltrato familiar, y evitar una penalización mayor al menor.

Hay problemas con la ejecución de las sentencias, de las medidas que se imponen a menores infractores. Y los jueces de menores reunidos en Valencia, tal como trasladó ayer Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, quieren una "mayor implicación de las entidades públicas". Más aún, reclaman "celeridad en el proceso con la finalidad de que el menor reciba respuesta inmediata a su conducta infractora".

Los jueces reunidos en Valencia han repasado durante tres días las distintas áreas de conflicto en las que se ven habitualmente implicados menores. Internet ha sido objeto de uno de los debates más intensos. Los magistrados consideran urgente que se acabe con la "impunidad en caso de los delitos cometidos por menores utilizando como medio la Red". Y, además, "la regulación de las responsabilidades civiles derivadas". Una de las recomendaciones es la de "establecer la obligación de constituir una representación legal de los operadores de Internet en el territorio español". Al mismo tiempo, sugieren la conveniencia de "establecer mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red", a través de filtros que garanticen "la autenticidad de los datos que se introducen en la página web".

La violencia en la escuela ha sido otro de los problemas sobre los que han reflexionado los magistrados. Entienden, tal como consta en las conclusiones, que "es responsabilidad de los poderes públicos incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y en valores". Consideran importante que los menores sepan de la legislación penal que les atañe para prevenir "actitudes violentas y fomentar conductas prosociales". Afirman los magistrados que es determinante "la adopción de políticas preventivas en materia de acoso escolar para evitar que el Estado social se convierta en Estado policial, apostando por políticas públicas con componentes fundamentalmente preventivos, debiendo ser la respuesta punitiva siembre subsidiaria".

Los técnicos creen que es también urgente que haya un único expediente sobre un menor, un único abogado, una unificación en los procesos que permita conocer todo aquello en lo que el menor es protagonista. Y lo es también que la Administración penitenciaria se dote de los medios para que los jóvenes sometidos a medidas de larga duración las cumplan con la finalidad reeducativa que indica la Ley del Menor.

Por último, los magistrados piden una adecuada cobertura de la salud mental de menores y jóvenes, así como la coordinación entre Sanidad y Justicia para afrontar situaciones dramáticas que hoy no tienen respuesta.