Jove declara insolvente a Caramelo y suspende pagos

En una decisión tomada en horas, el mismo día en que la Inspección de Trabajo ponía sobre la mesa su informe desfavorable al despido colectivo para 237 empleados de Caramelo, el accionista mayoritario, Manuel Jove, comunicaba al Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña el inicio de los trámites para presentar concurso de acreedores. Lo hacía en virtud de una reforma de la Ley Concursal que deja la puerta abierta a la negociación con los acreedores, previa a la solicitud de la declaración de suspensión de pagos, período para el cual tiene a partir de ahora tres meses.

Órdago a trabajadores, autoridad laboral y a la propia Xunta, accionista de la compañía, o simple fórmula para ganar tiempo. La decisión de Jove cogió por sorpresa al comité de empresa, justo un día después de que hubiera desistido de sus movilizaciones tras la reunión mantenida con los conselleiros de Traballo, Beatriz Mato, y Economía e Industria, Javier Guerra. Ambos conselleiros se comprometieron a mediar con el propietario de Caramelo para evitar el mayor número de despidos posible en el proceso de reestructuración con la compañía.

Los sindicatos acusan a Jove de fraude y de querer "hacer sangre"

Con 237 trabajadores, de algo más de 800 empleados, pendientes del dictamen de la Xunta sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), Jove apela a la vía de los hechos consumados e inicia los trámites para presentar formalmente el concurso, que pasa ahora por la fase previa de negociación con los acreedores, al amparo del reformado artículo 5.3 de la Ley Concursal. Entre ellos no sólo se encuentran entidades financieras, Seguridad Social, Hacienda y proveedores. También figura la propia Xunta, que en la etapa del bipartito concedió 21 millones de euros en préstamos a Caramelo y otros seis millones en avales sin contraprestación alguna para el mantenimiento del empleo. El empresario pone así sobre la mesa el problema y la que, en su opinión, es la mejor solución para Caramelo.Inveravante, el holding que controla más del 92% de la compañía textil, hacía expresa ayer la insolvencia de Caramelo y revelaba una deuda de 60 millones de euros. En el comunicado que anuncia su decisión de acudir al juez de lo Mercantil, la dirección de la compañía también desliza la posibilidad de "contar con un último esfuerzo inversor para llevar a cabo el plan de negocio que reflote el grupo, que como única vía pasa por realizar un reajuste en todas las áreas de coste, cumpliendo con de esta forma con el plan de viabilidad". Dicho plan es el mismo que incorpora el ERE para los trabajadores y que ha recibido el rechazo de la Inspección de Trabajo.

"La situación que atraviesa el grupo es tan delicada, con una deuda de aproximada de 60 millones de euros, que es necesario ejecutar todas y cada una de las medidas económicas propuestas en el mismo de manera inmediata, ya que el retraso o la no consideración de cualquiera de ellas imposibilitará la continuidad de la empresa y la llevaría, por lo tanto, al cierre", advierte la dirección de la firma textil. Las pérdidas acumuladas por la compañía en los últimos tres años ascienden a 51,9 millones de euros.

Tras su última reforma, la Ley Concursal permite negociar una propuesta de convenio de acreedores durante tres meses después de la declaración de insolvencia, sin que incurra en responsabilidades por no solicitar suspensión de pagos. "Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, haya alcanzado o no las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente", según la ley.

En cuanto al convenio de acreedores, para que sea admitido deberá lograr la adhesión del 20% de los acreedores. Entonces se informará al juez, que abrirá un procedimiento concursal para aprobarlo definitivamente y que requerirá el visto bueno del 50% de los titulares de la deuda. En caso de que en esos tres meses la empresa no logre el respaldo del 20% de sus acreedores, la compañía debe solicitar igualmente la suspensión de pagos, donde podrá volver a negociar una propuesta de convenio.

"Hacer sangre". Eso es lo que quiere Manuel Jove, en opinión de los representantes sindicales de Caramelo. Mientras que los miembros del comité de CC OO prefirieron esperar a tener una comunicación oficial, desde CIG, Dores Martínez, asegura que la actuación del empresario es "un fraude a todas luces, un desprecio a la plantilla y al Gobierno gallego, y la demostración de que Jove no pretende otra cosa que el desmantelamiento de la fábrica". La Xunta es accionista, con el 7,6%.

"Desprecia también la legislación laboral", dijo Martínez, que anunció que recurrirán "a todas las medidas" necesarias para "frenar esta sinrazón". Los sindicatos retoman las movilizaciones. Caramelo abrirá sus puertas mañana tras el cierre patronal del viernes. La compañía ha pedido refuerzo policial para abrir la fábrica, tras haber denunciado a unos 20 trabajadores por provocar destrozos en las protestas de la semana pasada.