La caída de tráfico y los sobrecostes atenazan a las autopistas de peaje

El declive comenzó en 2007. El pasado año la caída del tráfico en las autopistas españolas de peaje fue la mayor con diferencia desde 1990, cuando comienza la serie estadística disponible. Pero nada como el batacazo del primer trimestre de 2009: las casetas de los peajes tienen un 15% menos de clientes de media respecto al mismo periodo de 2008, según los datos oficiales.

La crisis económica no perdona al transporte por carretera, "muy sensible a la coyuntura", según la expresión del presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito. Entre los damnificados, las autopistas de peaje. Pocas se salvan del bajón, pero en el caso de las más modernas, las inauguradas a partir de 2004 (las cuatro radiales de Madrid, la autopista Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante), la situación económica de las concesionarias es muy delicada no sólo porque ven fracasadas sus expectativas de ingresos sino por la enorme losa de los sobrecostes de expropiaciones.

Cuando salieron a concurso, se tomó como referencia una valoración de los terrenos como si fuesen simples campos de cereales, unos dos euros el metro cuadrado. Pero la Ley del Suelo de 1998 puso precio a los sueños inmobiliarios y los tribunales han tenido que aceptar que esos terrenos hay que pagarlos como suelo urbanizable o incluso urbano. A unos 40 euros de media, explica Feito. "Tanto las estimaciones de Aseta como las del Gobierno dan cifras muy parecidas, una deuda global de entre 1.500 y 2.000 millones de euros", añade.

Muchos casos han llegado al Supremo y en los próximos meses llegarán las ejecuciones de sentencias. El Gobierno es consciente de la grave situación financiera en la que sitúan esas deudas a algunas concesionarias y acepta que tendrá que ayudar a pagar los sobrecostes, según admite el Ministerio de Fomento.

"No hay soluciones óptimas", afirma Feito, que explica que se barajan dos posibilidades. O bien el Estado concede créditos participativos, lo que potencialmente le daría derechos en las empresas pero no incrementaría el déficit, según el presidente de Aseta, o el Estado, que es el propietario último de los terrenos, los compra directamente. Esta última es la que prefieren las concesionarias.

Las implicaciones del asunto van más allá porque, según explica Feito, hay entidades financieras (no da nombres) involucradas en situación "agónica".

Y porque la incertidumbre sobre los costes de expropiación (que a juicio de Feito no ha quedado resuelta con la nueva Ley del Suelo, de 2008) hacen muy difícil que, sin una solución global, las empresas privadas quieran asumir ese tipo de obras y los bancos financiarlas, "aunque la situación de liquidez fuese la de años pasados".