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Tribuna:La firma invitada | Laboratorio de ideas

Un escenario de progreso para la salida de la crisis

Durante el último año y medio, una crisis de origen esencialmente financiero, inicialmente localizada en EE UU, se ha ido convirtiendo en la más profunda que el mundo haya conocido desde 1929, afectando de forma intensa al conjunto de la economía mundial y propagándose rápidamente a todos los sectores productivos. La crisis que apareció en el verano de 2007 puso de manifiesto dos acontecimientos estrechamente interrelacionados: el primero, que buena parte de los productos financieros derivados, con escasa regulación y nula supervisión, estaban garantizados por activos inmobiliarios sobrevalorados por la dinámica del crédito fácil; el segundo, que se había estado prestando dinero en un contexto donde el acceso al mismo había sido sencillo y barato por la combinación de bajos tipos de interés y el crecimiento exponencial de dichos productos derivados.

Para seguir avanzando hace falta más y mejor Estado, financiado con suficiencia y con equidad Combatir la precariedad es la mejor garantía para aumentar la productividad y la competitividad

No es necesario insistir en el hecho de que el comportamiento de buena parte de los operadores de nuestros sistemas financieros ha resultado letal para el conjunto de la economía. Por desgracia, no era la primera vez que el comportamiento irresponsable de los operadores en algunos mercados producía sonrojo y malestar en el mundo entero, y debería de haber invitado a una reacción más rigurosa y severa de las autoridades económicas.

Los mercados competitivos no son preciosos hallazgos sociales que el Estado, con su actuación, pretende destruir. Lo que ahora se ha derrumbado -si es que alguna vez estuvo en pie- es la absurda pretensión de que los propios participantes en el mercado tienen mayor capacidad autorreguladora que aquella que pudiera lograrse con la intervención de los organismos de regulación y supervisión de carácter público. Entre las lecciones adquiridas, una de las más preciadas reside en la existencia de papeles difícilmente sustituibles para el mercado y para el Estado.

Por ende, conviene no ignorar que la actual crisis económica está contribuyendo, de manera tan acelerada como implacable, a la revisión crítica de aquellas ideologías que conformaron durante las últimas décadas buena parte de los principios económicos y políticos imperantes. El lema de "menos Estado y más mercado" ha aportado la cobertura ideológica a las formas de capitalismo especulativo más voraces y depredadoras.

Aun así, lo peor que hoy puede hacerse es equivocar el enfoque interpretando que la intervención de los gobiernos sólo ha de orientarse a salvar de la crisis a las grandes instituciones financieras. Sin duda, éste es un objetivo para la intervención gubernamental en estos momentos, pero no es el único a plantearse. No obstante, de modo inmediato, lo fundamental era actuar para impedir el colapso financiero. Y, aunque seguramente no con la premura deseada, así se está haciendo. Por eso, ahora lo más importante es restablecer la situación en los mercados financieros y extraer las lecciones necesarias para garantizar que no vuelvan a repetirse los errores del pasado.

En nuestro panorama podemos afirmar que las cosas se han hecho de forma razonable en la regulación del sistema bancario, pero no así en la prevención de las deficiencias en el funcionamiento del sector inmobiliario y en sus relaciones con el mundo del crédito: la burbuja inmobiliaria que hemos padecido en los últimos lustros sólo ha podido mantenerse a través de la complicidad y el concurso de las instituciones financieras.

La actuación pública -en el ámbito local, autonómico y central- debe ser mucho más ambiciosa, particularmente en lo que se refiere a los mercados de la vivienda. La Ley del Suelo aprobada en la pasada legislatura fue un paso en la dirección adecuada, pero insuficiente. Hace falta mayor esfuerzo financiero para la promoción de viviendas accesibles -en alquiler y en propiedad- y un compromiso mucho más firme para crear instrumentos de actuación pública en el mercado de suelo, verdadera pieza clave en el proceso de formación de los precios de la vivienda. En esta situación no resulta necesario mantener un mecanismo de desgravación a la compra de la vivienda habitual, que en última instancia traslada estímulos al promotor y opera en la práctica como un mecanismo fiscal regresivo.

España no necesita construir todos los años 800.000 viviendas. Basta con la mitad y con unos precios medios sustancialmente inferiores a los actuales. Por contraste, España necesita -y tiene- uno de los sectores de construcción, ingeniería y obra civil más competitivos del mundo. Es aquí donde debe seguir poniéndose el acento.

De igual modo, también en el corto plazo, el Gobierno no debe descartar intervenciones en algunas instituciones financieras, con independencia de las inyecciones de liquidez que se están llevando a cabo. Debe ser posible definir un escenario de intervención pública en el sistema financiero mediante la suscripción de capital o participaciones (con derechos políticos) en las instituciones financieras que lo requieran.

Resulta imprescindible aprovechar la salida de la depresión actual a través de las políticas públicas que se lleven a cabo para sustituir profundamente el modelo de crecimiento económico apoyado en el uso intensivo de trabajo poco cualificado por otro nuevo basado en el conocimiento y la innovación. Se requieren cambios en la estructura productiva, pero también modificar las pautas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores. Es ahora, más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación tiene posibilidades de convertirse en el motor de la economía española.

El sector público tiene la obligación de acomodar y fomentar ese cambio hacia un modelo productivo sostenible en el largo plazo. De ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales para desbloquear los cuellos de botella que dificultan el cambio de modelo productivo en España

Junto a ello, una sociedad moderna y avanzada no puede considerar sus impuestos como una carga contra las empresas y las familias establecida por la voracidad incorregible del Estado. En nuestro país no hay que reducir el tamaño del Estado. España está retrasada en todos y cada uno de los grandes renglones que definen el grado de progreso de una sociedad, por la calidad de sus bienes y servicios públicos. Es verdad que se ha avanzado mucho durante las tres últimas décadas: la consolidación de la democracia y el desarrollo de la constitución de 1978 se han visto acompañados del más profundo y duradero proceso de avance social de nuestra historia. Pero se necesita seguir avanzando y, para lograrlo, hace falta más y mejor Estado, financiado con suficiencia y con equidad. La educación, la sanidad, la justicia, las pensiones, la atención a los mayores y a las personas dependientes, la innovación, la investigación y una todavía larga relación de rúbricas demandan de todos más esfuerzo y mayor dedicación y compromiso.

Si queremos orientar nuestra economía hacia un modelo de crecimiento sostenible lo que necesitamos es un trabajo más productivo y no un trabajo más barato. Por eso, combatir la precariedad de nuestro mercado de trabajo, en cualquiera de sus manifestaciones, es también la mejor garantía para incrementar la productividad y la competitividad de las empresas.

Por su parte, la política salarial debe seguir siendo un espacio diseñado y gestionado mediante la actuación autónoma de los interlocutores sociales en la negociación colectiva. En este ámbito resulta crucial configurar un concepto de moderación salarial que tenga su expresión a lo largo de todo el ciclo económico. Si se quiere moderación durante las etapas de auge, no pueden aprovecharse las fases de crisis para deprimir el poder de compra de los salarios. Para ello sigue siendo un objetivo esencial la reforma de la estructura de la negociación colectiva, que debería fomentar fórmulas de articulación entre los distintos niveles y potenciar los convenios de ámbito estatal.

La intensidad de la crisis en el ámbito de la destrucción de empleo ha vuelto a situar el abaratamiento del despido en el centro del debate público. Una vez más, volvemos a asistir a la paradójica pretensión de que facilitando el despido en tiempos de crisis se estimula la creación de empleo. Es fundamental recordar que, tras la reforma de la regulación del despido acometida de forma unilateral en la Ley 45/2002, en España no sólo existe una gran facilidad de ajuste derivada de la extensión del empleo temporal sino también una enorme flexibilidad de salida en el empleo indefinido. Por estas razones, a nuestro juicio, las reformas que se necesitan deben dirigirse a ayudar a mantener el máximo nivel de empleo, a sostener las rentas de los desempleados evitando el desplome de su capacidad de compra, a mejorar el rendimiento de la formación profesional, a reducir los estímulos a la rotación laboral, a impulsar la flexibilidad interna en las empresas a través de la negociación colectiva y a estimular nuestra capacidad competitiva mediante la educación de calidad, la investigación y la innovación. No son reformas de menor calado. Es verdad que no modifican el coste del despido, pero es que, con toda probabilidad, nuestro futuro no se juega en ese terreno.

Valeriano Gómez y Antonio González son economistas. Santos Miguel Ruesga y Fernando Valdés son catedráticos de Universidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de junio de 2009