Ya había médico para todos

La presidenta Esperanza Aguirre hizo ayer un curioso anuncio: "La residencia en la Comunidad será título suficiente para tener derecho a la asistencia sanitaria gratuita", dijo como si fuera una novedad. Lo hizo después de subrayar la "flagrante injusticia" del Gobierno central por la que los desempleados que no cobran el paro y los autónomos que han tenido que darse de baja ya no están protegidos y tienen que pagar la asistencia de su bolsillo. Unas 9.000 personas, dijo.

La asistencia sanitaria universal, que la financian las comunidades autónomas con cargo a los impuestos, es ya una realidad. Por la tarde, el Ministerio de Trabajo matizó que sólo quedan desprotegidos los parados sin prestación que tengan rentas superiores a 7.300 euros al año. Estos últimos también pueden ser cubiertos por las comunidades, algo que Madrid no ha hecho. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, tuvo que matizar el anuncio.La presidenta se empeñó ayer en arrogarse el papel de benefactora de los desamparados. El vicepresidente regional, Ignacio González, también quiso terciar además diciendo que hasta ahora las personas afectados eran atendidas, pero tenían que pagar de su propio bolsillo los servicios sanitarios que recibían.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración se apresuró a desmentirlo. "Nuestra normativa obliga a las personas que realizan actividades profesionales y que ganan más del salario mínimo interprofesional, a darse de alta en la seguridad social. Y si ganas menos y no estás dado de alta, entonces te cubre la asistencia sanitaria por carencia de recursos", explicó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. A esto hay que añadir a los familiares del titular de dicha asistencia sanitaria, que convivan a sus expensas y sin trabajar, para los que también se extiende la prestación.

En definitiva, que solamente quedarían fuera de la sanidad gratuita los que no trabajen ni cobren paro, pero tengan rentas superiores, este año, a 7.381 euros. "En algunas comunidades autónomas también esas personas han sido cubiertas por la asistencia sanitaria", añadió Octavio Granado tras explicar que la gestión de esta asistencia corresponde en exclusiva a cada autonomía y que son ellas las que deciden si la extienden o no a los pequeños sectores que no la tienen cubierta de forma gratuita. La de Madrid no lo había hecho hasta el momento.

"Lo que no es legítimo es que la Comunidad de Madrid, una vez más, tergiverse la situación", concluyó.

Ya por la tarde, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se apresuró a matizar lo anunciado por la mañana que hay personas a las que ya se les están facturando los servicios sanitarios por el aumento del paro. "Lo que ha dicho el vicepresidente es que si hay alguien que no estuviese en los supuestos contemplados en la legislación y que constituyen el título habilitante para tener derecho a la sanidad pública, podría darse la situación de que se les facturase o se les girase una factura por los servicios prestados", afirmó.

Por la mañana la Comunidad de Madrid lo había dado por hecho. La propia presidenta aseguró, a preguntas de los periodistas, que tenían noticias de casos de este tipo. "Nadie quita la tarjeta sanitaria, pero sí puede haber personas que podían tener que renovar y no estar en la base de datos de la Seguridad Social. Hay casos concretos. No lo puede negar la Seguridad Social", zanjó Güemes por la tarde.