"España era un modelo para el mundo. ¿Por qué nos abandonan ahora?"

Un hombre que siendo niño presenció 177 asesinatos, entre ellos, los de su familia, antes de abandonar su aldea de la mano del asesino. Una mujer cuya larga melena negra se volvió blanca el día que supo que su marido había sido torturado, asesinado y arrojado a un vertedero. Un barrio que perdió a 14 vecinos, la mayoría niños, en la explosión de una bomba lanzada para matar a una sola persona. Son algunas de las historias de la justicia universal en España. Los supervivientes lloraron de gratitud el día que atravesaron la puerta de la Audiencia Nacional para poder contárselas a un juez. Hoy temen que todo quede en nada.

De salir adelante el pacto entre PP y PSOE para restringir la jurisdicción universal a los casos donde haya implicados españoles, dejarían de investigarse en España los supuestos genocidios maya, chino, tibetano y saharaui o la matanza de Gaza. Jueces, abogados, fiscales y ONG presentaron ayer un manifiesto con 329 firmas oponiéndose al pacto. Varias víctimas relataron a EL PAÍS los motivos por los que acudieron a la justicia española. Ya no viven bajo el Estado al que acusan de genocidio y torturas, pero insisten en que hablan en nombre de muchos que siguen en el país del que huyeron.

Jueces, sindicatos y ONG firman un manifiesto contra el cambio de la ley

Limitar la justicia universal es aceptar chantajes, según los abogados

Campos de reeducación

Zhao Ming, practicante de Falun Gong, un movimiento espiritual prohibido por el Partido Comunista Chino, fue enviado a un campo de reeducación y trabajos forzados durante 22 meses. Desde Dublín, relata las torturas que en julio de 2007 describió, ayudado de unos dibujos, al juez Ismael Moreno. "Me sentaron en un barreño, con la cabeza entre las rodillas, y me empujaron debajo de una cama muy baja. Luego se sentaron encima para hacer presión. Después me dieron puñetazos y golpes en las rodillas. Fui incapaz de andar durante dos semanas..." Ming asegura que fue liberado gracias al primer ministro irlandés, el alto comisionado para los derechos humanos y Amnistía Internacional. Pero cuenta que dos semanas antes, cinco policías le dieron, a modo de despedida, descargas eléctricas con seis porras simultáneamente que le han dejado secuelas irreversibles.

Explica que en su país era imposible denunciar. Tampoco podía acudir a la Corte Penal Internacional porque China no ha firmado el Estatuto que reconoce este tribunal. Si prospera el acuerdo entre el PP y el PSOE, la única alternativa para las víctimas que dice representar será "sufrir y morir en silencio" en los 36 campos de reeducación chinos.

Dai Zizhen, otra de las querellantes, asegura que viajó a muchos países buscando justicia para su marido, torturado y asesinado en uno de esos campos. "Me agarré al principio de justicia universal en España como el náufrago a la única tabla de salvación. Lloré todo el rato mientras le contaba al juez el sufrimiento de mi marido, mi hija y mío. Ahora veo que nos abandona a nuestra suerte. El pueblo español era admirado en todo el mundo por perseguir a los genocidas y torturadores. ¿Por qué nos abandona ahora? ¿Podrán dormir con el corazón sereno si llevan a cabo este cambio de ley?".

También se querelló contra el Gobierno chino Ngarang Sandrol, de 31 años. Asegura que la arrestaron por gritar dos frases: "¡Larga vida al Dalai Lama!" y "¡Tíbet libre!". Acudió a la justicia española por una razón: "No quiero que nadie en Tíbet ni en el mundo sufra como lo hice yo".

Entre las querellantes del Tíbet hay varias mujeres que se ganaron el apodo de Las Monjas Cantantes de la Prisión de Draphchi por unas canciones al Dalai Lama que grabaron en prisión. Lograron sacar la cinta del penal, pero les costó más años de cárcel. Rinzin Choenyi, de 38 años, detenida en una manifestación, vio subir su castigo de 7 a 12 años y sufrió torturas. "Un guardia me golpeó hasta paralizar mis brazos. Ni siquiera era capaz de lavarme la cara". Pide a PP y PSOE que reflexionen: "España debe seguir defendiendo su independencia, incluso si la presión china es muy fuerte. Los valores democráticos españoles no tienen precio".

Sukeina Yed Ahlu, de 52 años, relató al juez Garzón la historia de su desaparición. "Las fuerzas de ocupación marroquíes me secuestraron en 1981, me enviaron a cárceles de El Aioun, Galeat, Meguna, Agdez y me liberaron en 1991. En 1992, me detuvieron de nuevo". Acudió a España porque piensa que "tiene una gran responsabilidad en la cuestión del Sáhara. Sigue siendo la potencia administradora del territorio, según el derecho internacional". Y suplica: "Que la justicia esté por encima de decisiones políticas e intereses estratégicos".

Rají Sourani llegó al barrio más poblado de Gaza 15 minutos después de que Israel lanzara una bomba de una tonelada para matar a un terrorista de Hamás. "Llegué a tiempo para oler de cerca la muerte. Vi cómo sacaban los cuerpos, 14. Muchos niños". El director del Centro Palestino de Derechos Humanos explica que acudió a España porque "demostró con Pinochet que allí no imperaba la ley de la selva, que había jueces independientes que podían resistir la presión política, algo que nunca hemos subestimado". "Si cambia la ley perderemos el último lugar en la Tierra donde se podía alcanzar justicia por crímenes internacionales. Las víctimas serán dobles víctimas".

Sus abogados achacan a intereses económicos y presiones diplomáticas la voluntad de cambiar la ley. Gonzalo Boye, autor de la querella contra Israel, recuerda que la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, afirmó que Miguel Ángel Moratinos le prometió, poco después de que la querella se admitiera a trámite, que cambiaría la ley. Alan Cantos, representante de las víctimas tibetanas, considera que el pacto entre PP y PSOE supone "limitar a la carta, según conviene política y económicamente, los compromisos internacionales adquiridos por España".