El Consultivo destaca el "retorno" a la legalidad de los municipios
El efecto disuasorio de las decisiones judiciales y las operaciones policiales contra los delitos urbanísticos y el mayor conocimiento de las normas han provocado que muchos municipios andaluces del litoral "retornen" a la legalidad urbanística, según el Consejo Consultivo de Andalucía.
Ésta es una de las conclusiones que el órgano en su memoria de actividades de 2008, que ayer fue entregada al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por el titular de dicho órgano, Juan Cano Bueso. "Hay un retorno a la legalidad urbanística en la franja costera andaluza y, en especial, de algunos municipios castigados por el urbanismo salvaje. Se está produciendo una reorganización y reordenación de la legalidad de una manera clara", declaró Cano Bueso.
El mayor conocimiento de los procedimientos sobre la legalidad urbanística y el efecto disuasorio de las operaciones policiales y judiciales llevadas a cabo en las "zona calientes" de la costa son, según dijo, los factores que están influyendo positivamente en la "vuelta" a la legalidad de algunos municipios. Como ejemplo de este proceso, Cano Bueso se ha referido al "gran esfuerzo" que están haciendo los ayuntamientos malagueños de Marbella o Estepona para lo que "necesitan revisar" la licencias concedidas hace tiempo que van "contra la ley y son, por tanto, nulas".
Efectos de la crisis
El informe refleja, además, la preocupación del Consejo Consultivo por la posibilidad de que la crisis económica no suponga el "desmantelamiento o menoscabo" de los instrumentos de control e intervención de las administraciones públicas en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos relacionados con ámbitos como el medio ambiente o el consumo.
El presidente del Consejo se mostró convencido de que el buen funcionamiento de las administraciones es "mucho más problema de conocimiento, que cada vez es mayor, que de mala fe u otro tipo de componendas al margen de la legalidad".
Durante el pasado ejercicio el Consejo Consultivo ha tramitado 808 solicitudes de dictámenes, de los cuales se han emitido 771, lo que supone un 10% más respecto al año anterior, siendo el 67% instados por el Gobierno.
