El Estado revisará los parques eólicos que otorgue la Xunta para controlar las primas

El Ministerio de Industria se cruzará en el camino administrativo de los parques eólicos adjudicados por el bipartito y ahora en fase de revisión por la Xunta de Núñez Feijóo. Un real decreto ley convalidado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, CiU y PNV, permitirá al Gobierno poner coto al auge de las energías en régimen especial, es decir, las primadas vía subvenciones. Lo hará a través de varios mecanismos de autorización que pueden desatar un conflicto de competencias entre las administraciones central y autonómica.

Los 2.325 megavatios de potencia adjudicada por el bipartito, hasta sumar un techo total en Galicia de 6.500 megavatios en el horizonte del 2013, tendrán que pasar un filtro en forma de registro de preasignación de retribución, que regulará las energías alternativas primadas.

Las instalaciones tendrán que tener todo en regla en menos de un año

De acuerdo con el real decreto ley, cuyo desarrollo normativo estará listo antes del verano, "la tendencia que están siguiendo las instalaciones en régimen especial podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto por su impacto en la tarifa eléctrica como comprometiendo la viabilidad de las instalaciones ya finalizadas".

En los planes del ministerio se baraja 2010 como fecha para la puesta en marcha de este proceso. Si es así, los 2.325 megavatios actualmente admitidos a trámite en Galicia se someterán al registro, que se establecerá en función de un nuevo techo de potencia a instalar por comunidad autónoma.

Los nuevos parques gallegos tendrán que tener todos sus papeles administrativos en regla, es decir, sus autorizaciones definitivas antes del próximo año, lo que siembra todavía más dudas sobre su viabilidad. El nuevo registro establece como requisitos imprescindibles para autorizar las retribuciones y primas que los promotores dispongan de la conexión a la red para la totalidad de la potencia asignada; que tengan autorización administrativa y que dispongan de licencia de obras, así como haber depositado el aval necesario para solicitar el acceso a la red y disponer de recursos económicos propios suficientes para acometer el 50% de la inversión de la instalación, incluida su línea de evacuación. También establece la obligatoriedad de haber alcanzado un acuerdo de compra firmado entre el promotor y el suministrador de los equipos.

Los nuevos parques eólicos gallegos se encuentran en plena fase de presentación de solicitud de las instalaciones ante la Consellería de Economía e Industria, con el proyecto técnico, el estudio de impacto ambiental y la acreditación de interconexión a la red, entre otras cuestiones formales.

Consultada ayer sobre el nuevo real decreto ley, desde la consellería que dirige Javier Guerra no quisieron realizar valoración alguna.