La querella del PSOE contra Hernandez pide que Louzán testifique

El PSdeG-PSOE presentó ayer en los juzgados de Pontevedra la querella contra Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infrestructuras, y Baltasar Pujales Estévez, ingeniero de la Diputación de Pontevedra, "por la eventual comisión de los delitos de falsedad de documento oficial, estafa y/o fraude a administración pública" en la certificación de la obra de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, que ambos dieron por terminada cuando apenas está iniciada. La querella reclama los testimonios del presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, y del alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, así como la incorporación del expediente de dicha obra a las diligencias judiciales.

La obra, según señala la querella, fue adjudicada dentro del Plan Provincial de Cooperación de 2006 a la empresa Sercoysa, que ha cobrado su ejecución (331.000 euros) gracias a la citada certificación, firmada el 19 de diciembre de 2008 por Pujales con el conforme de Hernández cuando éste era director de Infraestructuras de la Diputación. Antes había sido director de construcción y apoderado de Sercoysa, como también señala la querella.

Autores

Los hechos, añade la denuncia, revelan un presunto delito de "falsedad en documento oficial cometida por funcionario público", previsto y penado por el Código Penal, que también identifica como autores a "quienes realizan los hechos por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirve de instrumento", "los que inducen a otro u otros a ejecutarlo" o "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado" el delito. De ahí que la querella pueda ampliarse contra quienes, junto con los dos querellados, aparezcan como responsables de los hechos.

"El partido socialista no hace más que cumplir con su obligación", declaró ayer Modesto Pose, su secretario provincial en Pontevedra, para quien "lo más indignante" es el respaldo a Hernández de la cúpula del PP, incluido Feijóo, "que considera normal pagar una obra sin que esté realizada". Pose afirma que los que así opinan están al frente de instituciones primordiales y "si damos por bueno este proceder, se acabó el procedimiento administrativo y nos convertimos en una república bananera. Espero que los tribunales pongan coto a estas prácticas".