Rueda niega la sentencia contra Rogelio Martínez y considera "frecuentes" las certificaciones falsas

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, no ve problema en que el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, continúe en su puesto después de que la Audiencia Nacional haya probado que defraudó fondos comunitarios. Rueda, máxima autoridad del Gobierno gallego en materia de Xustiza, llegó incluso a negar ayer en el Parlamento que fuese una sentencia y habló directamente de "fallo administrativo". Sin embargo, el pasado 16 de abril la Audiencia Nacional - un órgano judicial- emitió una sentencia contra la que no cabe recurso en la que deja patente que Martínez, cuando estaba al frente del grupo de acción local Ceivam, certificó inversiones por 39.065,79 euros en una planta de biomasa donde no había "síntomas de actividad permanente" por trabajos que "no constan realizados". La entidad fue condenada a deberá devolver las ayudas.

El titular de Presidencia insistió en que este tipo de hechos se produce con "bastante frecuencia, entre un 3% y un 5% de las subvenciones". Se refirió a los casos en que "falta dinero por justificar". Como ejemplo, citó al Ayuntamiento de A Coruña que tuvo que devolver 400.000 euros de una ayuda.

El diputado socialista, José Manuel Lage Tuñas, aseguró que la sentencia culpa a Martínez de "malversar fondos públicos" y le preguntó cómo casa ese comportamiento con "el código ético de Feijóo". También la nacionalista Tereixa Paz recurrió a la literalidad de la Audiencia Nacional. "Los fondos estaban justificados a través de una falsificación, acaban de respaldar que se usen fondos públicos y que se falsifiquen certificación para cobrar del erario público", le espetó. "Yo no avalo nada", replicó Rueda, quien acusó a la oposición de "levantar falsos testimonios sobre personas". Como secretario general del PP, Rueda promovió la querella por prevaricación contra cuatro funcionarios de Política Territorial que el juez que acabó absolviendo. La mera admisión a trámite de la querella sirvió al PP para reclamar la dimisión de la anterior conselleira, María José Caride.