Los administradores avalan con dudas el convenio de Martinsa

Martinsa-Fadesa se da un respiro entre tantas incógnitas sobre su futuro. Los tres administradores concursales nombrados por el juez han expresado su opinión favorable a la propuesta de convenio anticipada presentada por parte de la banca acreedora (La Caixa y Caja Madrid) y al plan de viabilidad diseñado para afrontar el pago íntegro de la deuda en ocho años. Sin embargo, en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, los administradores enumeran todo un catálogo de riesgos, tanto de mercado como de la situación interna de la inmobiliaria, "que podrían afectar al cumplimiento del plan de pagos y a los fondos propios de la sociedad", a los que pueden sumarse, advierten, "deterioros adicionales en el valor de sus activos".

El acuerdo propone el pago de la deuda de 7.000 millones en ocho años

El escrito al juez alude a un catálogo de riesgos internos y de mercado

El escrito de evaluación favorable, firmado por Antonia Magdaleno, Ángel Martín Torres y Antonio Moreno, es a la vez un golpe de realismo para los cálculos de la inmobiliaria presidida por Fernando Martín, al señalar que "ventas de activos con márgenes inferiores a los previstos en el plan de viabilidad, o en fechas distintas a las planteadas en el mismo, podría afectar a su cumplimiento", que condicionan también a la evolución de la economía, del mercado inmobiliario y de acceso al crédito de potenciales clientes de Martinsa-Fadesa.

El convenio ahora revisado por los administradores propone el pago de la deuda de 7.000 millones de euros en ocho años, desde mediados de 2010 hasta 2017, si bien hasta abril de 2012 la compañía sólo tendrá que abonar un 3% de la deuda total. Caja Madrid y La Caixa, los mayores acreedores, representan el 28% del total de la deuda de la inmobiliaria, y fueron las entidades que impulsaron el convenio anticipado, que ha sido recurrido por otros acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña.

La propuesta de convenio, dicen los administradores, establece que los acreedores consienten la obtención de una nueva línea de circulante por parte de la sociedad. "De no lograr esa nueva financiación, o la no consideración de la misma como renovable tácitamente en cada uno de los años, afectaría al plan de viabilidad", matizan. También hacen alusión en su escrito a la posibilidad de que Martinsa convierta a partir del próximo año los intereses devengados de la deuda en préstamos participativos, y señalan que "la no consecución de los márgenes de venta de los activos por importes superiores a los considerados en el plan de viabilidad" o el hecho de "no mantener los costes en los límites contemplados en el mismo" alterarían la hoja de ruta trazada.

Mucho más en el corto plazo, entre otras incógnitas por despejar, los tres administradores nombrados por el juez aseguran que este año finaliza la exclusión legal que deja en el aire la obligación de restablecer los fondos propios negativos de la inmobiliaria, evitando así su quiebra técnica. Y añaden que "de no ampliarse el plazo por el legislador, la sociedad debería restablecer su equilibrio patrimonial mediante préstamos adicionales a los contemplados en la propuesta de convenio o mediante ampliaciones de capital".

"Los activos de la sociedad determinan la existencia de un patrimonio que si es administrado con diligencia y rigor", concluyen los gestores nombrados por el juez, "puede permitir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio". A su juicio, "el desarrollo tan dilatado en el tiempo del proyecto empresarial, que ha merecido la opinión favorable del Gobierno, nos permite mitigar las dudas que expresamos y sus potenciales efectos".