Camps se queda "sin coartada

El presidente Francisco Camps carece ya de coartada para eludir las preguntas sobre la relación entre su Gobierno y la supuesta trama corrupta del caso Gürtel. Fue la posición inequívoca sostenida ayer por todos los grupos de las Cortes, con la excepción del PP. El debate en el hemiciclo quedó eclipsado por lo que estaba sucediendo en el Tribunal Superior de Justicia, donde Camps declaraba desde las diez de la mañana por un supuesto delito de cohecho. Y prueba de ello fue la ovación que la bancada del PP ofreció a Ricardo Costa -imputado como Camps- cuando accedió al hemiciclo al comienzo de la sesión. Fuera del hemiciclo, la pregunta más oída en los corrillos fue: "¿Ha salido ya Camps de declarar?"

Barberá rechaza explicar los contratos de la FEMP a la trama

"PSPV: "O nos explica su relación con la trama o que se vaya a casa

Compromís: "No puede ser que el TSJ tenga los contratos y nosotros, no".

EU: "Camps debe dimitir o convocar elecciones anticipadas"

"Si tenía unas ganas locas, locas, de contarlo todo en los juzgados, hoy ya puede hacerlo", ironizó el portavoz socialista, Ángel Luna, recordando las palabras pronunciadas tan solo unas semanas antes por Camps en las Cortes para zafarse de la oposición. "O nos explica su relación con la trama o que se vaya a casa", agregó Luna a 24 horas de la sesión de control al Consell de los jueves en el Parlamento.

Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, no se apeó de la línea apuntada por su grupo desde hace semanas. Morera adelantó que su grupo pedirá hoy los contratos, mayores o menores, adjudicados por la Generalitat a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa. "No puede ser que el TSJ acceda a los contratos de Orange Market y del resto de empresas de la trama y nosotros, no", Y fue más allá. Compromís entiende que tras el caso Gürtel puede esconderse una supuesta red de financiación de un partido político. En cuanto al futuro del presidente Camps, para Morera cualquier cargo público imputado en delitos gravísimos "debería de dimitir como representante de las instituciones públicas".

Glòria Marcos, diputada de Esquerra Unida, pidió directamente la dimisión del presidente Camps o la convocatoria de elecciones anticipadas. "No hay otra fórmula para solucionar la parálisis del Consell. Camps está más preocupado por ver a quién llama el juzgado y a quién salpica esta situación", apuntó.

Las reacciones a la comparecencia de Camps ante el tribunal trascendieron la frontera de la política valenciana. Desde Ferraz, sede del PSOE en Madrid, el dirigente federal Antonio Hernando metía el dedo en la llaga: "Esperamos que el señor Camps haya dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero, sobre todo, que haya presentado las facturas".

El caso Gürtel también generó polémica en el frente municipal. Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, pidió una explicación a la alcaldesa, Rita Barberá, de por qué en su etapa al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se adjudicaron a dedo contratos por más de 800.000 euros a Special Events, empresa de la trama liderada por Francisco Correa, para organizar las asambleas de 1999 y 2003. "¿Acaso no conocía los contratos que se hacían en la federación que presidía?", preguntó Alborch, quien exigió a Barberá un ejercicio de transparencia porque "todo poder entraña una responsabilidad".

La alcaldesa, por su parte, rechazó en tono airado comentar las adjudicaciones formalizadas por el que fuera su mano derecha en la FEMP, Álvaro de la Cruz. Barberá minimizó su propio papel en la institución y marcó así distancias con el asunto: "La presidenta de la FEMP es una presidenta política, que va ahí a presidir las reuniones". Barberá, sin llegar a aceptar preguntas al respecto, acusó a este periódico de tener "muchas ganas" de vincularla al caso Gürtel y aseguró que ha contactado a un abogado por "si hay algún animus" de injuriarla en la información publicada ayer.

Álvaro de la Cruz fue nombrado secretario general de la FEMP por Barberá, quien dirigió la institución entre 1999 y 2003. En esa etapa, Special Events logró el contrato para montar la asamblea general de 1999 por 232.305 euros, el doble de lo que había costado la anterior, en 1995, como publicó ayer este periódico. De la Cruz también encargó a la empresa de la trama la asamblea de noviembre de 2003, de nuevo por el doble que la edición anterior, ya que el contrato se firmó por un importe de 570.000 euros.

Enric Morera también terció en la polémica para asegurar que las adjudicaciones de contratos públicos a las empresas investigadas son "la yema del huevo". "Cuando sepamos por qué se ha pagado con dinero público a empresas vinculadas con la trama de corrupción y qué se ha pagado, sabremos realmente si ha habido un soborno impropio", añadió Morera al ser preguntado por los contratos de la Federación de Municipios.