Los residentes de la UE, escépticos ante las elecciones

Con cierta indiferencia y apatía aguarda la nutrida comunidad europea residente en Alicante las elecciones del próximo 7 de junio. Algunos se sienten víctimas de los abusos urbanísticos y consideran que estas elecciones servirán para frenar el urbanismo depredador, otros, la mayoría, se muestran más bien incrédulos. Una prueba de ello es que solo una quinta parte de los ciudadanos de los 27 países residentes en Alicante han pedido participar en estos comicios.

Según la Subdelegación del Gobierno, del censo de 262.497 europeos censados han pedido por escrito su derecho a voto 53.110. Los extranjeros censados recibieron una carta en la que se les informaba que para poder participar debían manifestar por escrito este interés. El censo electoral de Alicante para estas próximas elecciones está integrado por 1.255.335 personas, incluidos los 19.244 alicantinos que residen habitualmente en el extranjero.

Sin embargo, los residentes afrontan este proceso electoral con cierta incredulidad. Thomas J. es checo y tiene 31 años. Trabajó en unos astilleros en Vigo, luego fue a Huelva, a la campaña de la fresa. Ahora es camarero en Dénia. Terry Doyle, 66 años, británico, jubilado, ex empleado de banca. Propietario de un chalé en Benissa. Dos biografías diferentes, dos formas distintas de entender Europa y el inminente proceso electoral.

Hace una década, cuando Thomas salió de su pueblo natal cercano a Praga - "allí las cosas nunca estuvieron demasiado bien, al menos no como aquí"-, la República Checa no había ingresado en la Unión Europea. Lo hizo en 2004, mientras Thomas ya había vivido en Amberes, Gante y Dublín. Así que paradójicamente este auténtico ciudadano de Europa no es demasiado consciente de sus derechos como votante checo al Parlamento de Estrasburgo: "Es verdad que ahora la gente de mi país puede votar, pero no sé si servirá para algo", dice.

En cambio, Terry Doyle se sabe de memoria la estructura burocrática de la Unión. Conoce cada institución, cada foro, cada documento porque en 2001 se sintió víctima de un abuso urbanístico después de que un PAI que afectó a su chalé le obligara a pagar exorbitantes cargas de urbanización. Desde entonces, Doyle y otros muchos residentes ingleses han luchado para que Bruselas atajara "las injusticias de la Generalitat en el planeamiento de nuestro territorio".