Cambio de rumbo en el sistema financiero
Si bien se ha escrito mucho sobre las causas que han originado la actual crisis financiera e identificados los principales problemas, muy centrados en el excesivo endeudamiento de particulares, empresas y entidades financieras, creo que es necesario reflexionar sobre el futuro y las perspectivas que se plantean para el sector financiero. En mi opinión, los próximos dos años estarán marcados por, al menos, cuatro factores clave: la vuelta a las bases del negocio bancario, el reconocimiento de las pérdidas y los diversos planes de rescate que puedan conllevar, la consolidación del sector y la configuración de un nuevo marco regulatorio.
La coyuntura ofrece una oportunidad única para la definición de una nueva regulación que sustente la realidad global y el buen funcionamiento del sistema a largo plazo, pero sólo si nace fruto del consenso de todos los actores implicados (clientes, banca, reguladores, gobiernos, agencias de rating, inversores y autoridades monetarias) y no se realiza de forma precipitada, cortoplacista o vinculada a cálculos políticos.
En España, las pérdidas vienen ligadas no a activos tóxicos, sino a una morosidad creciente
Asistiremos a una concentración del sector que dará lugar a entidades más sólidas
Las entidades financieras que sobrevivan a la crisis volverán al negocio financiero básico, es decir, prestar dinero y obtener depósitos; reducirán la complejidad de sus operaciones y el riesgo asociado a ella, e incrementarán la transparencia. Se tenderá hacia un proceso de simplificación en las actividades financieras y una reorientación del modelo de negocio hacia el cliente particular. Esta operativa trata de evitar, por un lado, el uso de vehículos fuera de balance para el registro de operaciones sofisticadas de difícil control y, por otro, la realización de operaciones en el mercado interbancario a largo plazo, ante la falta de confianza en sus propios modelos de gestión de riesgos y en la situación real de sus contrapartidas.
La gestión de riesgos junto con las mejoras de eficiencia (performance) son ahora, sin duda, las piedras angulares del modelo de negocio de las entidades financieras, cuyos procedimientos de gestión de riesgos se encuentran en un proceso de profunda revisión, al comprobarse su reducida efectividad ante el extraordinario cambio económico que estamos sufriendo.
Especialmente en el contexto internacional, se ha puesto de manifiesto que los errores en la gestión de riesgos, por ejemplo, los sistemas de remuneraciones basados en rendimiento a corto plazo, tienen graves consecuencias para el negocio financiero, cuyas bases se sustentan en el largo plazo. Por otro lado, los países necesitan replantearse también sus propios sistemas de gestión del riesgo, que deben ir más allá de los aspectos meramente vinculados al sistema financiero. Este análisis nos permitirá reducir la incertidumbre y mirar con mayor optimismo el futuro.
La inestabilidad financiera y la recesión frenarán obviamente el crecimiento del sector, pero la actual coyuntura abre también oportunidades de negocio para aquellas entidades financieras que hayan desarrollado su actividad con prudencia en los años de crecimiento económico. Aunque en otros países del entorno, la existencia de activos tóxicos se encuentra detrás de muchos de los desequilibrios de balance, en el caso de España, las pérdidas vienen ligadas a una morosidad creciente, a pesar de que en el primer trimestre del año ya se aprecian señales de una desaceleración en su crecimiento.
En este entorno, el debate sobre la conveniencia de planes de rescate de las entidades con problemas impulsados por los Gobiernos en todo el mundo está superado y ahora debemos reflexionar sobre si estas medidas (planes para apoyar la solvencia de las entidades, aportar garantías sobre activos, comprar directamente activos o garantizar depósitos de clientes) velan por un sector sólido en el futuro y respetan la libre competencia, para no perjudicar a las entidades que lo han hecho bien en el pasado. Es importante que estas ayudas cumplan con determinados condicionantes básicos, como son la no discriminación de la ayuda, el establecimiento de plazos y alcances limitados, una remuneración adecuada de la ayuda, la exigencia de normas de conducta que impidan su uso abusivo y una supervisión adecuada, que puede llegar a la exigencia de restructuración de entidades con problemas estructurales.
Las soluciones deben ser individualizadas, ya que no todas las entidades son iguales y tampoco los mercados, por lo que sería preocupante que desde las administraciones públicas se realice un enfoque centrado únicamente en mercados nacionales, sin ponderar el carácter internacional y de diversificación geográfica de gran parte de las entidades financieras.
En este contexto, el proceso de consolidación parece obvio revisando algunas de las características actuales del sector. El mercado de crédito, principal fuente de negocio de las entidades financieras, se encuentra muy constreñido. La obtención de financiación se ha convertido en una barrera difícilmente salvable para entidades financieras medianas y para otras grandes con dificultades; la agresividad en la competencia, sobre todo en la obtención de depósitos de clientes, es cada vez mayor; las estructuras de costes son pesadas y poco competitivas, siendo significativo el poco efectivo dimensionamiento de las redes comerciales; los niveles de capital están por debajo de los límites que exige la nueva situación y la creciente morosidad impactará de manera importante en la solvencia de las entidades. Por todo ello, asistiremos, en los próximos meses, a una concentración del sector que dará lugar a entidades más grandes, con balances más sólidos y, probablemente, con modelos de negocio más segmentados.
Ante este escenario, es evidente la necesidad de medidas coordinadas por los Gobiernos y la creación de un nuevo marco regulatorio que dote de estabilidad y eficiencia al mercado financiero a través de mejores normas, que no quiere decir una mayor carga regulatoria. En las conclusiones de la última cumbre del G-20 celebrada en Londres se señalaba que las acciones acordadas constituirán el mayor estímulo fiscal y monetario y el programa de apoyo más extenso para el sector financiero de los últimos tiempos.
Las nuevas normas, por otro lado, deberían pasar por garantizar que la calidad y la cantidad del capital de las entidades financieras se incrementen, una mayor supervisión de los ratios de liquidez o el establecimiento de core funding ratio que asegure niveles de financiación adecuados en cada momento. Desde un punto de vista contable, la regulación debería impulsar que las cuentas de las entidades recojan provisiones para potenciales futuras pérdidas por cambio de ciclo y que se unifique la metodología de contabilidad a nivel internacional. Además, la supervisión regulatoria debería ser consistente a nivel internacional.
Todos estos factores dibujan un nuevo horizonte para todo el sistema financiero donde obtendremos un menor número de entidades, en las que primarán mayores niveles de liquidez, eficiencia y de control del riesgo, márgenes más ajustados y un foco en las bases del negocio financiero. A pesar de ello, de nada serviría un rescate del sistema financiero si no se consolidan los planes de recuperación de la economía, por lo que es necesario que las medidas diseñadas por los Gobiernos para consolidar el sector a largo plazo e impulsar líneas de financiación para las empresas con dificultades vengan acompañadas de un paquete de medidas integral para impulsar el crecimiento del consumo y del empleo.
John M. Scott es presidente de KPMG en España.
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