Aguirre reduce a la mitad el poder de Gallardón en Caja Madrid

La Comunidad aplicará la nueva ley de cajas a las elecciones en curso

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, realizó ayer una sorprendente jugada que le acerca el control de Caja Madrid y de paso lanza un duro golpe contra su principal rival político, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La presidenta madrileña aprobó ayer un nuevo proyecto de Ley de Cajas de Madrid que reduce a la mitad los representantes del Ayuntamiento de Madrid en la entidad, de 70 a 36, y le permite reanudar el proceso electoral.

Aguirre hace un doble regate: por un lado, deja atrás el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la anterior reforma, que la mantendría suspendida durante cinco meses. Y por otro reserva para la Asamblea de Madrid, que ella controla, el veto para renovar al presidente de Caja Madrid. Eso deja en sus manos el futuro de Miguel Blesa, que fue colocado por Aznar en 1996 y ahora en sintonía con Gallardón.

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La jugada demuestra que Aguirre no se resigna a perder la oportunidad de reforzar su poder en Caja Madrid, la cuarta institución financiera del país, que cuenta con más de siete millones de clientes. Además, la estrategia de Aguirre arrincona a Gallardón porque la nueva reforma cuenta con el beneplácito del PSOE y los sindicatos (CC OO y UGT).

El movimiento es fundamental porque se produce a las puertas de las elecciones para renovar buena parte de los miembros de la asamblea general. Las elecciones que se celebrarán este año se regirán con esta nueva norma, según reafirma una nueva disposición transitoria, algo a lo que Caja Madrid siempre se ha opuesto. Además, la Comunidad obliga a la entidad a adaptarse a toda prisa a la nueva ley.

Recurso al Constitucional

El nuevo proyecto de Ley de Cajas, aprobado ayer por el Gobierno de Aguirre, esquiva el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno interpuso, el pasado 30 de marzo, contra dos artículos al considerar que alteraban la proporcionalidad que establece la LORCA (Ley sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros).

El nuevo texto subsana los artículos recurridos. Elimina el límite del 30% para el número de representantes de las corporaciones locales y establece que el número de consejeros generales por los sectores de impositores y ayuntamientos se realizará por criterios de proporcionalidad pura, en función de los depósitos captados en cada comunidad y ayuntamiento, sin ponderación alguna. También se simplifican los requisitos para ser consejero general por el sector de impositores, estableciéndose un saldo medio de 180 euros y 10 movimientos semestrales, frente a los 600 euros y 50 movimientos de la norma original.

La ley suspendida reforzaba el poder de los aguirristas en la entidad, pues Madrid perdía representación en favor de otros consistorios madrileños del PP. El nuevo proyecto, sin embargo, modifica la ley de 2003 en el punto en que permitía primar los municipios del ámbito geográfico de actuación de la caja. Eso, unido al cambio en la composición de los depósitos de la entidad en los últimos años y al hecho de que ahora haya 80 consejeros generales de los ayuntamientos en lugar de 100, tiene como resultado final una menor representación de los municipios de Madrid, especialmente de la capital, en favor de los de otras comunidades, de la propia Asamblea de Madrid y de las entidades representativas.

La lucha por el control de la caja ha llevado al PP a una cruenta batalla interna durante meses. Por un lado, estaban los afines a Aguirre. En el otro, los partidarios de Blesa y Gallardón, que pretendía mantener su hegemonía en la entidad. El vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró ayer que la iniciativa sirve para evitar "conflictos con el Estado y generar un marco legal de normalidad y tranquilidad que permita que el proceso electoral de renovación de cargos en Caja Madrid se pueda llevar a cabo este año, en los plazos que marca la ley". Fuentes municipales celebraron que la nueva ley se acoja al sistema de proporcionalidad como reclamaban los responsables municipales, pero evitaron hacer más comentarios pues desconocen el texto de la norma.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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