Presuntos inocentes
El 'caso Correa', un escándalo de corrupción política que afecta no sólo a dirigentes del PP sino también a su tesorería, despide un olor cada día más fétido. La invocación a la presunción de inocencia en defensa de los acusados está justificada si se refiere a la garantía procesal de los imputados en una causa penal, se trate de un político, un ladrón de gallinas o un estafador. Sólo los tribunales pueden enervar esa presunción tras la aceptación motivada de pruebas de cargo válidas. Fuera del enjuiciamiento criminal, cualquier conjetura razonada es lícita y admisible.
Iniciada en la Audiencia Nacional por el juez Garzón, la instrucción del caso se desarrolla en tres escenarios comunicados entre sí. El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) tramita la parte del león del sumario a causa del fuero procesal de los diputados madrileños implicados. El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se ocupa de la parte del ratón, referida al presidente Francisco Camps y a otros cargos regionales aforados en su sede. Si el senador Bárcena y el eurodiputado Galeote hubiesen sido ya imputados, la competencia habría correspondido al Supremo.
El eurodiputado Galeote es excluido de las listas para el 7-J y Correa declara en el Tribunal Superior de Madrid
Esta semana empezaron a desfilar los acusados ante el TSJM; Francisco Correa fue trasladado en ambulancia desde la cárcel. El TSJCV presenta ominosas manchas de contaminación por falta de imparcialidad objetiva. Camps se declaró "más que amigo" de De la Rúa, presidente del tribunal que le va a juzgar, y se entrevistó a cencerros tapados con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), De Rosa, consejero de Justicia de la Generalidad hasta hace pocos meses.
El cohecho aceptado por Camps (como mínimo los trajes por importe de 12.000 euros recibidos de una empresa suministradora de la Generalidad) añade a su contenido delictivo un trasfondo hortera que ofende la estima colectiva de la sociedad valenciana. Las conversaciones telefónicas entre Camps y Álvaro Pérez (a) El Bigotes, representante de la terminal empresarial de la trama Correa en la región, producen vergüenza ajena y suministran indicios del propósito venal de los regalos.
El TSJCV investiga la publicación en EL PAÍS de ese ruborizante ronroneo telefónico para descubrir y sancionar el quebrantamiento del secreto de sumario: desviar la atención de los niños para que no molesten es un viejo truco paterno. Asimismo, el diputado autonómico madrileño Alfonso Bosch ha invocado el secreto del sumario, esta vez para negarse a declarar mientras no se dicte su levantamiento.
La información periodística acerca del depósito bancario en metálico (330.000 euros en billetes de 500) realizado en enero de 2003 por el senador y tesorero del PP Luis Bárcenas le acerca peligrosamente a los escalones del Supremo. Y la exclusión por Rajoy de Gerardo Galeote de la lista popular para las elecciones europeas del 7-J es una tácita manera de asumir que los presuntos inocentes a efectos procesales no siempre lo son a efectos políticos.
