PP y PSPV rechazan que la Generalitat ingrese en el Ramón Llull

El carácter explosivo de la cuestión lingüística en la Comunidad Valenciana quedó patente ayer en el curso de un debate parlamentario sobre el posible ingreso de la Generalitat en el Institut Ramon Llull, el consorcio constituido por la Generalitat de Cataluña y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para fomentar la proyección exterior de su lengua y cultura.

Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en Compromís, defendió la integración de la Generalitat en el instituto como plataforma para la difusión internacional de las obras de los creadores valencianos.

La socialista Isabel Escudero admitió que la iniciativa se aprobaría sin más "si este no fuera un país perplejo"; recordó que el "hermético" presidente Francisco Camps apenas mantiene relaciones con responsables autonómicos de su propio partido; y sugirió que fuera la Acadèmia Valenciana de la Llengua, "fruto del consenso", la que canalizara la vinculación de la sociedad valenciana con el Ramon Llull.

Mollà consideró una renuncia la actitud de Escudero respecto a debates históricos en las Cortes y la atribuyó al "giro al centro" del nuevo secretario general del PSPV, Jorge Alarte. También acusó a Escudero de desautorizar a los Ayuntamientos socialistas de Gandia, Sueca o Morella, vinculados al Ramon Llull.

Glòria Marcos, de Esquerra Unida, se apresuró a cargar contra Mollà por atribuirse posiciones que "los tránsfugas de Iniciativa" nunca defendieron porque esa formación no existía.

Y Rafael Ferraro, histórico militante regionalista y diputado del PP desde 1999, cerró el círculo con un alegato en favor de entidades como Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana y contra el imperialismo catalán.

El inmediato voto conjunto del PP y PSPV, aunque por razones bien diferentes, provocó una extraña sensación.

Violencia de género

"Seguro que hubo razones de peso". Paula Sánchez de León, consejera de Justicia, deslizó una sentencia lacónica para justificar ante la Comisión de la Mujer la ausencia de informes sobre la violencia contra las mujeres que deberían haberse elaborado con carácter anual desde que se aprobó la Ley de Igualdad en abril de 2003. Sánchez de León se comprometió a presentar sin plazos un "informe tipo" relativo a 2008 que permita comparar la evolución futura del problema.