El fiscal pide 14 años para el ex jefe policial de Ronda

La Fiscalía ya ha emitido sus primeras conclusiones sobre la trama de corrupción que afectó a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ronda (Málaga) entre 2003 y 2007. El ministerio público solicita 14 años de prisión y 22 de inhabilitación para el ex inspector jefe Juan Antonio Rodríguez. El máximo responsable de la comisaría presuntamente tomaba copas y se acostaba con prostitutas sin pagar en tres clubes de alterne de la ciudad, a cambio de hacer la vista gorda sobre los delitos de proxenetismo y tráfico de drogas que allí se cometían.

En sus visitas a los prostíbulos, Rodríguez iba a veces acompañado por el también imputado Sergio Flores. Este supuestamente se aprovechaba de que era pareja de la entonces titular del juzgado de Instrucción número 1 de Ronda y amigo del inspector jefe para obtener gratis consumiciones y servicios sexuales en los tres prostíbulos.

Según el escrito del fiscal, Rodríguez, un hombre con fama de disciplinado que llegó a Ronda en 2005 con la orden de sus superiores de poner orden en la comisaría, mantuvo relaciones sexuales con dos mujeres sudamericanas en situación irregular en España. El jefe de la comisaría supuestamente les prometía su ayuda y llegó a paralizar el expediente de expulsión de una de ellas a cambio de sexo. El inspector jefe está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, cohecho con fin delictivo, abusos en el ejercicio de la función pública y abusos sexuales.

Cuatro agentes más

En la trama, destapada en febrero de 2007 por agentes de Asuntos Internos, están implicados otros tres policías y un guardia civil. El subinspector Francisco Ramírez, para quien el fiscal pide siete años de cárcel, supuestamente alertaba al dueño de uno de los prostíbulos cada vez que se avecinaban inspecciones. Como contraprestación, "el acusado siempre obtuvo en dicho club las consumiciones y servicios sexuales gratuitos que demandaba", afirma el ministerio público.

Los agentes de escala básica Antonio Ramírez y Diego Benítez cobraban cada mes 600 euros de la encargada de uno de los clubes a cambio de no denunciar su estancia ilegal en España. También amenazaban supuestamente a los dueños de los otros dos prostíbulos con montar controles en las proximidades para ahuyentar a la clientela.