Touriño se despide acusando a Feijóo de amparar actividades ilegales

El espíritu de Monte Pío se esfumó en San Caetano. Cinco días después de que Emilio Pérez Touriño limara asperezas en su residencia oficial con el futuro presidente gallego, el buen clima saltó por los aires en la sede de la Xunta. La causa del nuevo desencuentro son las supuestas incompatibilidades del diputado del PP Agustín Hernández, expedientado por la Consellería de Presidencia por fichar por empresas a las que había adjudicado contratos millonarios desde el Gobierno de Fraga. Tras presidir el último Consello de la Xunta bipartita, Touriño se mostró ayer convencido de que Hernández infringió la Ley de Incompatibilidades. Pero no se quedó ahí, y afeó a su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, que "avale" una conducta que tachó de "reprochable".

"No es de recibo esta confusión por un candidato a presidir el país" Hernández tacha de "lamentable" que la Xunta no le notifique el expediente

Hernández, uno de los hombres de confianza de Feijóo y aspirante conselleiro de Política Territorial, fichó por las empresas Puentes y Calzadas y Sercoysa a los pocos meses de dejar la Xunta, en la que era director general de Obras Públicas, y de adjudicar contratos para ambas por más de 30 millones de euros. Según Touriño, se trata de "una infracción de carácter grave" que lleva aparejada una inhabilitación por tres años, y que "debe ser reparada desde la función pública".

Por elevación, dirigió el tiro a su sucesor al frente del Gobierno gallego, por "avalar" y considerar "positiva y satisfactoria" la "conducta" del diputado del PP, quien además forma parte de la comisión que negocia el traspaso de poderes con el conselleiro de Presidencia en funciones, José Luis Méndez Romeu. "No es de recibo esta confusión manifiesta entre lo público y lo privado, ni por parte del señor diputado, ni mucho menos por parte de un candidato a presidir el país", reprobó Touriño.

El presidente en funciones negó que la ley avale a Hernández, como sostienen el propio afectado y Feijóo, ya que, tanto cuando estaba en la Xunta como cuando fichó por Puentes y Sercoysa, estaba en vigor la Ley de Incompatibilidades de 1996. Esa norma establece que durante los dos años siguientes a cesar, los altos cargos de la Xunta "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que dictasen resolución en el ejercicio del cargo, ni firmar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con administraciones públicas". Para Touriño, el decreto que aprobó el bipartito después de la supuesta incompatibilidad de Hernández "sólo añade" a la ley la obligación de crear un registro de actividades tras dejar el cargo. El presidente saliente opinó que la incompatibilidad está por lo tanto "fehacientemente constatada".

Agustín Hernández, mientras, se declaró "sorprendido" tanto por la apertura del expediente como por enterarse "por un medio de comunicación", en referencia a las informaciones publicadas por este periódico. Calificó de "lamentable" no haber recibido notificación alguna de Presidencia y aseguró tener la certeza de "haber cumplido escrupulosamente con la ley". "Lo más que puedo decir es que estoy sorprendido, y eso por ser muy suave", declaró. Mientras, Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra -organismo que tiene contratado a Hernández en la actualidad- calificó a éste de "trabajador infatigable", si bien eludió entrar en el fondo del asunto.

También el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, salió en defensa de Hernández y criticó "la desfachatez sin límites del bipartito". "Las actuaciones están dentro de la legalidad", no dudó en afirmar, "y el conselleiro en funciones lo sabe, y Touriño lo sabe", añadió. Rueda no perdió la ocasión para recordar que tres altos cargos de la actual Consellería de Política Territorial "se encuentran imputados por la comisión de graves delitos", en referencia al sumario de la vía del Barbanza.

La empresa Sercoysa emitió ayer un comunicado en el que ensalza la "valía y trayectoria" de Hernández, y rechaza "con total contundencia" las informaciones de este periódico, a las que atribuye la "aparente intención" de "sembrar dudas sobre la idoneidad legal de la contratación de Hernández". El ex director de Obras Públicas fichó por esa empresa en octubre de 2005, dos meses después de dejar el cargo. "El fichaje de Hernández", precisa la empresa, "no sólo fue absolutamente escrupuloso con la normativa vigente en su momento, sino que respondió únicamente a la lógica del funcionamiento empresarial que debe guiar a toda sociedad mercantil, que obviamente intenta contar con los mejores en su plantilla".