La Comunidad aduce valores culturales para otorgar nuevas emisoras de FM

Preguntas sin respuesta. Es una de las técnicas empleadas habitualmente por el Gobierno regional para evitar dar explicaciones sobre asuntos espinosos. La estrategia de escurrir el bulto fue seguida ayer por el viceconsejero de vicepresidencia, Salvador Victoria, que eludió contestar una pregunta de los socialistas sobre la legalidad de las empresas beneficiarias de alguna de las 21 licencias de radio otorgadas por el Ejecutivo regional el pasado 27 de marzo. Ocurrió en la comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid.

El Gobierno regional ha concedido el grueso de las licencias de FM y otros 30 nuevos canales de televisión local a grupos de comunicación afines a la presidenta regional, Esperanza Aguirre (Intereconomía, El Mundo, la Cope...). Entre ellos está Tumbo de Privilegios, administrada por Fernando Sánchez Lázaro. El nombre de este empresario está asociado al Tamayazo, pues fue socio de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP, que fue acusado por el PSOE de estar detrás de la fallida investidura de Rafael Simancas.

Por eso, José Cepeda, vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista, lanzó la pregunta envenenada: "¿Está usted seguro de que todas las concesionarias cumplen con la legalidad vigente?". Salvador Victoria eludió la cuestión y cargó contra la falta de pluralidad del PSOE en otras administraciones.

El número dos de Ignacio González, vicepresidente regional, tampoco precisó los criterios de valoración seguidos para puntuar las 490 ofertas que han concurrido al concurso para la concesión de emisoras de FM. "Hemos cumplido exactamente todos los requisitos de legalidad y se han seguido criterios puramente técnicos", indicó. Victoria remitió al Decreto 57/1997 por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión para justificar unos criterios de valoración basados en valores culturales, entre otros. El artículo 13 de esta norma reconoce que en la adjudicación de concesiones de radio se tendrán en cuenta el fomento de los valores culturales, históricos y sociales de la Comunidad de Madrid; el horario de emisión y los porcentajes de programas informativos de elaboración propia, culturales o educativos; la viabilidad económica de la emisora, el ofrecimiento de garantías en la calidad del servicio, la pluralidad de la oferta informativa y la viabilidad técnica del proyecto.

El viceconsejero no precisó, sin embargo, cómo se miden esos principios genéricos, pero reconoció que el concurso estuvo "reñido", debido a "la discriminación hacia los madrileños del Ministerio de Industria, que sólo asignó 21 emisoras de FM a Madrid de un total de 866 que venían a culminar todo el proceso de cobertura radiofónica de España". El embate de la oposición no se hizo esperar. El portavoz de IU, Miguel Reneses, espetó: "Les daba igual que se presentaran 490 ofertas o 2.000 porque ustedes ya tenían decidido el resultado". El socialista Cepeda vinculó las adjudicaciones a supuestos pagos de favores de la presidenta Aguirre. Y la diputada popular Cristina Cifuentes salió al paso. "No vamos a permitir lecciones de sectarismo informativo, que ustedes de eso saben mucho. Dicen cosas pueriles, y no le digo que dice bobadas", concluyó.