La paralización del proyecto revela la escasa influencia de Fabra en el Consell

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, despliega su poder entre Almenara y Vinaròs. Pero más allá, su influencia es mínima, al margen de la capacidad de maniobra que el PP valenciano le deja para hacer y deshacer, dada la necesidad de los votos castelloneses, que fueron los que permitieron y permiten que Francisco Camps siga al frente de la Generalitat y del PP autonómico. Fabra propone, parece que dispone, vocifera y luego, siempre desde una actitud políticamente correcta ante el "amigo Carlos", el Consell decide sobre proyectos e ideas en los que el líder provincial trata de embarcar a la Administración autonómica.

El anuncio de la paralización del parque temático Mundo Ilusión es buena muestra de ello. Carlos Fabra enarbolaba, desde 1999, el proyecto de construcción en Castellón del parque de la magia y el circo que se iba a convertir en "la guinda de la atractiva oferta turística de la Comunidad Valenciana". Pretendió que la Generalitat se volcara en su idea después de que, un año antes, la misma Administración hiciera oídos sordos al proyecto del aeropuerto, para el que tampoco obtuvo el respaldo financiero de ningún Gobierno. "Completará, junto con Terra Mítica, en la provincia de Alicante, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la provincia de Valencia, la oferta turístico-temática de la Comunidad Valenciana", dijo el Consell en 2003. Pero nunca hubo ni la celeridad que Fabra ha reclamado para las autorizaciones ni la inversión que, día tras días, anunciaba procedente de la Generalitat.

Fabra quiso, el martes, adelantar la noticia de la paralización del parque para que, al menos, pareciera que había sido una decisión consensuada. Mundo Ilusión era, además, uno de los puntos de atracción para el buen funcionamiento de otra de las ideas de Fabra, el futuro aeropuerto, que se ejecuta con inversión privada ya que ninguna Administración quiso financiarlo. El aeropuerto se inaugurará, pero su funcionalidad ya se ha limitado a ser solo punto de origen para enlazar con aeropuertos internacionales. Su puesta en marcha también dejará herencia porque la Generalitat se comprometió a pagar 6 euros por cada uno de los viajeros que no completen las previsiones de uso iniciales, que sitúan el número de usuarios en unos 600.000, unas previsiones que, ahora, se ven poco factibles.