La juez admite 11 de las 216 impugnaciones al 'caso Contsa'
La juez de lo Mercantil de Sevilla ha admitido 11 de las 216 impugnaciones al balance de la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa, por lo que el informe final recogerá pocas variaciones respecto a las deudas iniciales reconocidas de 115 millones de euros con 1.653 afectados. Fuentes del caso han informado de que el próximo 20 de abril se celebrará el juicio por la última de dichas impugnaciones, tras lo cual se aprobará el informe definitivo sobre la situación económica de la empresa y la juez decidirá si se reparten sus bienes por convenio de acreedores o por liquidación.
Contsa se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 con 1.653 acreedores, en su mayoría pequeños inversores atraídos por la promesa de elevados intereses, y el informe de los administradores judiciales arroja un déficit de 86 millones entre el activo de 28 millones y el pasivo de 115 millones.
Junto a esta vía mercantil, un juzgado mantiene abierta una causa penal por presunta estafa contra el dueño de la empresa, José Salas, encarcelado desde octubre de 2008, y otras siete personas. De las 216 impugnaciones, 193 fueron presentadas por Salas y fueron rechazadas. Sólo en 11 casos se modificará el balance judicial, han explicado las fuentes, que han precisado que se trata de cantidades poco significativas de entre 5.000 y 15.000 euros.
Devolución de La Caixa
Los auditores judiciales han conseguido que La Caixa devuelva a la masa activa del concurso 2.922.184 euros, más 130.281 euros de intereses, correspondientes a unos préstamos personales que concedió al dueño de Contsa y que garantizó con acciones propiedad de la empresa.
Al tratarse de una práctica no autorizada, La Caixa ha aceptado devolver a la administración judicial el importe de dichas acciones, aunque no ha sido ese el caso de Banesto, contra el que existe otra reclamación similar pendiente de juicio.
Una sociedad integrada por un centenar de afectados está convocando estos días a los restantes 1.653 acreedores para proponerles un convenio según el cual recuperarían el 50% de la inversión en cinco años, aunque para ello necesitan la representación del 51% de lo adeudado. Los administradores concursales también han conseguido que el suegro de Salas devuelva a la empresa un todoterreno Land Rover que puso a su nombre en las semanas anteriores a la suspensión de pagos.
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