El Consell de Cultura ya pidió a Camps que corrigiera los excesos del urbanizador
El agente urbanizador regulado en las leyes valencianas no ha dejado de ser una figura controvertida desde su creación. Tras la tercera condena del Parlamento Europeo (PE) al urbanismo valenciano, el Consell Valencià de Cultura recordó ayer que en noviembre de 2007 la institución ya alertó sobre los excesos cometidos al amparo de esta figura y pedía al Gobierno de Francisco Camps medidas legislativas que aclarasen en qué casos los agentes urbanizadores pueden apelar al "interés general" para tramitar los Programas de Actuación Urbanística.
"La práctica ha evidenciado que el concepto que se utiliza para justificar la expropiación de terrenos por parte de un agente urbanizador, tanto privado como público, o la reclasificación de suelo, no está debidamente tipificado legalmente y ha permitido actuaciones más que discutibles y, sobre todo, algunas actuaciones abusivas contra los propietarios del suelo", recoge el documento coordinado por Vicent Àlvarez, redactado por la Comisión Jurídica del CVC y aprobada por el pleno de la institución el 27 de noviembre de 2007.
Esta institución aconsejó al Consell que adaptase su legislación urbanística a la entonces nueva ley del Suelo estatal que, si bien no cuestiona el agente urbanizador, "tampoco permite que éste pueda hacer y deshacer a su gusto, ya que la ejecución de las urbanizaciones debe someterse a los debidos procedimientos de publicidad, competencia y respeto a los derechos".
El Consell Valencià de Cultura aconsejó al Gobierno valenciano mayor rigurosidad y la tipificación clara de qué tipo de proyectos pueden ampararse en el "interés general" para salir adelante. El PE amenazó anteayer, tras el demoledor Informe Auken, con congelar o suspender parte de las ayudas europeas si no se corrigen los supuestos abusos.
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