Las denuncias por maltrato contra los Mossos cayeron el 40% en 2008
La coordinadora contra la tortura atribuye la mejora a las cámaras de vigilancia
La instalación de cámaras en las comisarías ha hecho caer en picado las denuncias por malos tratos contra los Mossos d'Esquadra. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, integrada por 44 organizaciones de defensa de los derechos humanos de España, dio ayer una nueva prueba de este descenso, certificado hace unos días por la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte. En 2008, la coordinadora recibió 45 denuncias contra la policía autonómica, casi el 40% menos que el año anterior (72).
"Las imágenes de los abusos en la comisaría de Les Corts han hecho reaccionar a la Administración catalana y a los jueces, que han empezado a actuar con contundencia", explicó a este diario Jorge Del Cura, portavoz del centro de documentación contra la tortura. A su juicio, la prueba irrefutable de que las cámaras disuaden -al policía, de abusar; al detenido, de presentar una falsa denuncia- es que ni uno solo de los incidentes de 2008 ocurrió en dependencias policiales. "Los hechos que hemos constatado pasaron en la calle durante el arresto, o en el coche patrulla mientras el detenido es trasladado a comisaría", relató Del Cura.
El 14% de las denuncias por abuso policial en España acaba en condena
Tras un alarmante ascenso del número de denuncias, la tormenta empieza a remitir para los Mossos. La coordinadora, que hasta hoy organiza las III Jornadas sobre la Prevención de la Tortura en Barcelona, se muestra prudente: "Hay que ver si es un hecho aislado o una tendencia". Lo cierto es que las denuncias caen para todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña: el Cuerpo Nacional de Policía (sólo tres el año pasado), las policías locales (dos) y la Guardia Civil (ninguna).
La coordinadora presentó los datos del conjunto de España, que pasó de 689 a 520 denuncias. El grueso de la caída se registró entre las policías locales. En algunas provincias andaluzas como Almería, Cádiz y Málaga se han sucedido, en los últimos años, episodios graves de abusos policiales, que tuvieron una fuerte contestación social. "Los ayuntamientos reaccionaron y disuadieron a los policías", añadió el portavoz. La entidad, sin embargo, aún no se explica el caso de Madrid: las policías locales de la comunidad sólo contabilizaron el año pasado un par de denuncias, frente al medio centenar de 2007.
El "miedo" y el "escaso apoyo social" pueden estar detrás de esos números, según Del Cura. En Cataluña, la situación es distinta porque "la sociedad civil está más estructurada y no teme denunciar a la policía". En el seno de los Mossos, este control ciudadano ha causado una sensación de acoso mediático que, según los agentes, les impide trabajar con tranquilidad en la calle. Para la coordinadora, se trata de una excusa: "Es cierto que están en la diana, pero no pueden ser tan corporativistas. La policía debe respetar los derechos y su obligación es trabajar vigilando por la sociedad", dijo.
La coordinadora ha presentado un informe sobre la tortura en España al comité de Naciones Unidas que trata esta materia. En los últimos siete años, se han denunciado 2.383 casos de abusos. De éstos, 350 (el 14%) han acabado en sentencia condenatoria. El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el italiano Mauro Palma, aseguró que la situación en España "ha mejorado" en 2008 e instó a las administraciones a "formar mejor a los policías locales" para evitar abusos. Palma consideró "inaceptables" las operaciones preventivas que la policía realiza para afrontar la amenaza yihadista: "No se puede detener a alguien por una vaga sospecha".
El 'síndic' tendrá vía libre para visitar a presos y detenidos
El síndic de greuges se convertirá en una herramienta más para evitar que haya torturas, tratos degradantes y otra clase de abusos en las comisarías y cárceles catalanas. El proyecto de ley del Síndic de Greuges de Cataluña, que se encuentra en trámite parlamentario, dará al defensor del pueblo la potestad de visitar a todas las personas que estén privadas de libertad, sin que ninguna autoridad pueda negarle el acceso. El síndic, actualmente Rafael Ribó, podrá hablar con los detenidos a solas y sin testigos, e incluso con asistencia de un intérprete si es necesario. Cuando quiera, y donde quiera.
El proyecto de ley da al síndic libre acceso a todos los centros, espacios e incluso medios de transporte de Cataluña donde haya detenidos. Podrá visitarles, de forma periódica, para examinar el trato que reciben y elaborar, en su caso, recomendaciones. También tendrá acceso a los datos de la historia clínica de personas que se encuentren en centros sanitarios y de salud mental.
Para tamaña tarea, el síndic contará con un equipo de trabajo -compuesto por cinco profesionales de reconocido prestigio- y de un consejo, que integrarán otras 12 personas de colectivos vinculados a la prevención de la tortura. La coordinadora aplaudió ayer la iniciativa de la Generalitat, pero sólo a medias. A juicio de sus miembros, el proyecto de ley pretende "asumir más competencias", pero es insuficiente para combatir los abusos de autoridad.
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