El Supremo evita la cárcel al juez que liberó a un 'narco'

El juez malagueño Antonio Vicente Fernández evitará la prisión después de que el Tribunal Supremo le haya absuelto, en una sentencia conocida ayer, de las dos condenas por cohecho que le impuso en marzo de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ambas condenas sumaban penas de cuatro años de cárcel.

El alto tribunal mantiene, sin embargo, dos de las tres condenas por prevaricación que pesaban sobre el ex magistrado, quien en agosto de 2004 liberó de forma irregular a dos presos imputados por comerciar con cinco kilos de cocaína. Cada uno de los dos delitos de prevaricación lleva aparejado multa de 2.160 euros e inhabilitación para cargo público de 10 años.

La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que cuenta con un voto particular, considera que el TSJA vulneró el derecho de a la presunción de inocencia del ex magistrado al imputarle los dos delitos de cohecho.

Según la sentencia anulada, el juez, con la intermediación de un amigo abogado, decretó la puesta en libertad de los dos presuntos narcotraficantes aprovechando que se encargaba interinamente del juzgado de instrucción número 10 de Málaga durante las vacaciones de su titular. El TSJA había considerado probado que Antonio Vicente Fernández había cobrado "una cantidad no inferior a 9.000 euros", a cambio de dejar a ambos traficantes en la calle sin consultar con la Fiscalía ni haber podido consultar ni el sumario ni la pieza de situación personal de los imputados. Además, el magistrado ordenó que se les devolviera a los narcos los 141.545 euros que se les intervinieron durante la operación policial. La Audiencia Provincial revocó, a petición del fiscal, la puesta en libertad de uno de los narcos y les volvió a requisar el dinero que les había devuelto irregularmente el juez.

El TSJA también condenó al ex magistrado por supuestamente haber cobrado 5.000 euros de un hombre al que se le habían retenido 75.000 euros de un premio obtenido en un bingo de Fuengirola. El juez Fernández, contactado por su amigo abogado, había ordenado al notario que tenía consignado el premio a que se lo abonara inmediatamente.

El Supremo admite que las resoluciones dictadas por el ex magistrado son "insólitas" y que el procedimiento para devolver el dinero a los narcotraficantes es "ciertamente anómalo", lo que fundamenta la prevaricación. Sin embargo estos hechos, "no sugieren la recepción del dinero por el magistrado imputado", según la sala. Además, el Supremo reprocha al TSJA que en su sentencia "no se expresa el proceso racional y lógico que debe ser objeto de especial motivación" para condenar a Fernández por cohecho.